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Por qué es la pena más grave en España

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 32 del Código Penal, nuestro sistema recoge una clasificación tripartita: penas privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa. En función de su naturaleza y duración, el art. 33.1 establece que estas se clasifican en graves, menos graves y leves.

La prisión permanente revisable es una pena privativa de la libertad grave, según establecen el art. 33.2 y el art. 35.

Incorporación de la prisión permanente revisable como pena grave

El art. 33 del Código Penal señala que: “2. Son penas graves: a) La prisión permanente revisable”. A su vez, el art. 35 la incluye dentro de las penas privativas de libertad, precisando que su cumplimiento y los beneficios penitenciarios que acorten la condena se ajustarán a lo dispuesto en la ley.

Hasta el 1 de julio de 2015, la pena grave por excelencia era la prisión superior a cinco años. Sin embargo, tras la reforma del Código Penal, el art. 33.2 la situó en el primer lugar del listado de penas graves, que tras esta modificación, queda configurado así:

• Prisión permanente revisable
• Prisión superior a cinco años
• Inhabilitación absoluta
• Inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años
• Suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años
• Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a ocho años
• Privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años
• Privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo superior a cinco años
• Prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años
• Prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años
• Privación de la patria potestad

En el Anteproyecto de julio de 2012, esta figura no aparecía en el listado de penas, sino como una modalidad de libertad condicional. La falta de homogeneidad en su denominación (llamada a veces prisión de duración indeterminada) motivó su corrección en el texto definitivo presentado en octubre de ese mismo año.

Cabe recordar que la aparición de la prisión permanente revisable se produce en un contexto donde en España el castigo más grave era la prisión superior a cinco años, a diferencia de otros países europeos donde la prisión perpetua se introdujo históricamente como sustitutivo de la pena de muerte.

Su papel dentro de las penas privativas de libertad y el régimen penitenciario

Abordamos a continuación, dentro de su clasificación, el estudio de las penas privativas de libertad reguladas en el Código Penal.

Hasta el 1 de julio de 2015, el artículo 35 del Código Penal (Título III, Capítulo I, Sección 2.ª) establecía que: «Son penas privativas de libertad la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa».

Sin embargo, la reforma vigente desde esa fecha modificó su redacción para incorporar esta nueva medida. Así, el actual artículo 35 dispone que: «Son penas privativas de libertad la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en este Código».

Hasta esta reforma, nuestro ordenamiento contemplaba únicamente tres penas privativas de libertad: prisión, localización permanente y responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. En este ámbito destacaban tres modificaciones introducidas por las reformas de 2003 y 2010:

1. Supresión del arresto de fin de semana, sustituido, con matices, por la localización permanente
2. Reducción de la duración mínima de la pena de prisión, que pasó de 6 a 3 meses, y
3. Posibilidad de limitar el acceso al régimen penitenciario abierto en las penas superiores a cinco años de prisión hasta el cumplimiento de la mitad de la condena, salvo las excepciones previstas legalmente (el denominado «periodo de seguridad»).

La incorporación de la prisión permanente revisable no solo modificó el artículo 35, sino que también introdujo cambios relevantes en el régimen de los beneficios penitenciarios que permiten el acortamiento de la condena, estableciendo un sistema distinto del vigente con anterioridad a la reforma.

Por qué no es lo mismo la prisión permanente revisable y la cadena perpetua

Aunque a menudo se utilizan como sinónimos en el debate público, la prisión permanente revisable y la cadena perpetua tradicional presentan diferencias jurídicas sustanciales. La principal distinción radica en la existencia de un horizonte de libertad y en la finalidad orientadora de la pena.

Mientras que la cadena perpetua clásica implica una privación de libertad indefinida donde el reo puede pasar el resto de su vida en prisión sin una fecha ni un mecanismo automático de revisión —quedando su liberación supeditada exclusivamente a figuras excepcionales como el indulto—, la prisión permanente revisable articula un sistema de revisión judicial periódica y tasada por ley.

En el ordenamiento español esta nueva pena cumple rigurosamente con el mandato del art. 25.2 de la Constitución Española, el cual exige que la privación de libertad este orientada a la reeducación y reinserción social. De este modo, una vez cumplido un periodo mínimo de condena efectiva (que oscila entre los 25 y los 35 años según la naturaleza y número de delitos), un tribunal colegiado está obligado a evaluar de oficio la situación del condenado.

Si se acredita un pronóstico favorable de reinserción, la ejecución se suspende para dar paso a un régimen de libertad condicional, algo que la cadena perpetua en su concepción originaria no contempla.

Delitos a los que se aplica la pena de prisión permanente revisable

Como hemos visto, la prisión permanente revisable podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad, por lo que de acuerdo al Código Penal vigente, esta solo podrá imponerse como consecuencia de la comisión de alguno de los siguientes delitos:

¿Qué delitos conllevan la prisión permanente revisable?

1. El asesinato agravado cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias (art. 140.1 y 2 del Código Penal):
          ■ Que la víctima sea menor de dieciséis años o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad
          ■ Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima
          ■ Que el delito se cometa por quien pertenezca a grupo u organización criminal
          ■ Que el reo hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas
2. El homicidio del Rey o de la Reina o del Príncipe o de la Princesa de Asturias (art. 485)
3. Causar la muerte por delito de terrorismo (art. 573.1)
4. El homicidio del Jefe de un Estado extranjero, o de otra persona internacionalmente protegida por un Tratado, que se halle en España (art. 605)
5. Los que, con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes, mataran, agredieran sexualmente o produjeran alguna de las lesiones previstas en el art. 149 a alguno de sus miembros (art. 607)
6. Los reos de delitos de lesa humanidad, si causaran la muerte de alguna persona (art. 607 bis)

Duración y revisión de la pena

En cuanto a la duración y la posibilidad de revisión de la prisión permanente revisable, el art. 36 del Código Penal establece que:

La prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el art. 92. La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el Tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, y no podrá efectuarse:

Plazos de cumplimiento según el Artículo 92 del Código Penal

• Hasta el cumplimiento de 20 años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código (delitos de terrorismo)
• Hasta el cumplimiento de 15 años de prisión efectiva, en el resto de los casos.

Permisos de salida

En estos supuestos, el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido:

• Un mínimo de 12 años de prisión en el primer caso (delitos de terrorismo)
• Un mínimo de 8 años de prisión en el resto de casos

Excepción humanitaria al tercer grado y determinación de la pena inferior en grado

La norma también contempla el supuesto extraordinario de revisión y progresión al tercer grado, por motivos de salud y edad, señalando en el art. 36.3 que:

“En todo caso, el Tribunal o el Juez de Vigilancia Penitenciaria, según corresponda, podrá acordar, previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos muy graves con padecimientos incurables y de los septuagenarios valorando, especialmente su escasa peligrosidad”

Su singularidad se caracteriza porque el Legislador no ha establecido un mínimo y un máximo, sino un contenido cerrado y único que puede provocar problemas en la determinación concreta de la pena (grado de ejecución, participación, aplicación de eximentes, atenuantes y agravantes).

Por su parte, el art. 70.4 del Código Penal establece que la pena inferior en grado a la prisión permanente revisable es la de prisión de 20 a 30 años.

Por eso el Legislador ha tenido que recoger una previsión específica para determinar la pena inferior en grado ya que, al carecer de límite inferior, no es posible realizar la operación definida en el art. 70.2; para ello en el art. 70.4 se establece que la pena inferior en grado a la de la prisión permanente revisable es la de prisión de 20 a 30 años, con lo que se da la paradoja de que esta puede ser incluso mayor que la de origen (cuya suspensión general está prevista a los 25 años). La ausencia de una previsión similar para el cálculo de la pena superior en grado impide realizar este tipo de operación.

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