Delitos contra la administración de justicia

Desde el punto de vista etimológico el término “administración” proviene del latín administratio o administrationis y la palabra “justicia” del latín iustitia.

El DRAE define “administración” como la “acción y efecto de administrar” y como el “Conjunto de los organismos destinados a la gestión y el funcionamiento de una parcela determinada de la vida social”, entre otras acepciones.

Y el significado de “justicia” según el DRAE consiste en “principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente”, “Derecho, razón, equidad”, “aquello que debe hacerse según Derecho o razón”, “pena o castigo” y “Poder Judicial”, entre otras acepciones.

Se trata de una categoría de delitos donde la mayoría de las conductas previstas en los mismos han sido calificadas por la doctrina mayoritaria como tipos penales pluriofensivos.

Lo que determina que, en tales casos, exista un doble sujeto pasivo. Por un lado, el particular como titular del bien jurídico protegido en concreto y, por otro, el Estado como titular del poder punitivo en el que descansa el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.

Por ejemplo, una acción que produce una dilación indebida y provoca la suspensión de un juicio oral, no afecta solo a la administración de justicia, sino que alcanza también el derecho del acusado que se encuentra en situación de prisión provisional a la espera de una sentencia en su caso.

Esta categoría ha evolucionado, pasando de encontrarse diseminada en distintos Títulos del Código Penal, hasta que en el Código Penal de 1928 se incorporó por vez primera como un Título específico, pasando luego por los sucesivos textos punitivos que se dictaron, llegando hasta el que hoy conocemos como Título XX bajo la rúbrica “Delitos contra la Administración de Justicia”.

Los tipos penales que atentan contra el normal funcionamiento de la actividad jurisdiccional son los siguientes:

• Prevaricación judicial
• Acusación y denuncia falsas
• Simulación de delito
• Falso testimonio
• Obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional
• Omisión del deber de impedir determinados delitos o de promover su persecución
• Encubrimiento
• Realización arbitraria del propio derecho
• Quebrantamiento de condena, y
• Los delitos contra la Administración de Justicia de la Corte Penal Internacional

El bien jurídico protegido a través de estos tipos penales es el normal y correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, concretamente, de la función jurisdiccional de “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado” atribuida a los jueces y magistrados, la cual se encuentra proclamada en la Constitución Española (CE) y en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

La función jurisdiccional es un concepto que encontramos recogido en el Art. 117.3 de la CE como “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan” y en el Art. 2.1 de la LOPJ como “El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales”.