Abogados órdenes de alejamiento

Abogados penalistas especializados en órdenes de alejamiento

El artículo 48 del Código Penal regula una serie de penas configuradas como medidas de protección, cuya finalidad es evitar el riesgo de reiteración delictiva por parte del condenado respecto de la víctima. Esta norma, orientada a impedir que alguien vuelva a cometer un determinado delito, responde a lo que en Derecho Penal se conoce como prevención especial negativa.

Dada su importancia e impacto en la vida de las personas, en muchas ocasiones resulta necesario contar con el asesoramiento de un abogado penalista que no solo tenga experiencia en el delito al que usted se enfrenta, sino que también domine todo lo relacionado con la privación del derecho a residir o acudir a ciertos lugares, así como la prohibición de aproximarse y/o comunicarse con determinadas personas, medidas que pueden ser impuestas por el juez y que suponen una limitación de sus derechos.

¿Qué tipos de órdenes de alejamiento existen?

Existen distintas medidas de protección que pueden imponerse en función de la gravedad del delito y de las circunstancias personales de la víctima y del condenado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la orden de alejamiento no es la única consecuencia posible.

Así es que, como veremos a continuación, el Código Penal contempla otras órdenes de naturaleza similar, que pueden adoptarse de forma complementaria o independiente, según el caso.

Protección con respecto a lugares

La norma permite al Juez o Tribunal, imponer la privación del derecho del condenado, a residir en determinados lugares o acudir a ellos, impidiéndole personarse en el sitio en el que haya cometido el delito, o en aquel en el que resida la víctima o su familia, en el caso de que estos fueran distintos.

Prohibición de aproximación

La prohibición de aproximarse, impide al penado acercarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, en cualquier lugar donde se encuentren, así como aproximarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro sitio que sea frecuentado por estos.

Y quedará en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil, hasta el total cumplimiento de la pena.

Prohibición de comunicación

La prohibición de comunicación, impide al condenado contactar con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, cuestión que alcanza el contacto escrito, verbal o visual, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático (Pej: Enviar mensajes de WhatsApp se considera un quebrantamiento de esta medida)

¿Ante que delitos procede aplicar estas medidas?

En cualquier caso, tanto cuando su imposición sea obligatoria como cuando quede a discreción del Juez o Tribunal, estas medidas solo podrán aplicarse ante los delitos enumerados por el Legislador en el artículo 57.1 del Código Penal, que son los siguientes:

• Aborto
• Homicidio
• Lesiones
• Tortura
• Trata de seres humanos

o contra el/la:

• derecho a la propia imagen
• honor
• integridad moral
• intimidad
• inviolabilidad del domicilio
• libertad
• libertad e indemnidad sexuales
• orden socioeconómico
• patrimonio, o
• las relaciones familiares

¿En qué casos la ley exige imponer una orden de alejamiento?

Es importante tener en cuenta que la autoridad judicial debe aplicar obligatoriamente una prohibición de aproximación, según la condición de la víctima. Por ello, cuando el delito se encuentre incluido en la lista indicada en el punto anterior, el Juez o Tribunal deberá aplicarlas siempre que, además, la víctima:

• sea o haya sido el cónyuge
• esté o haya estado ligada por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia
• sea ascendiente o descendiente
• sea hermano por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente
• sea menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección que con él conviva o que se halle sujeta a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente
• se encuentre amparada en cualquier otra relación por la que esté integrada en el núcleo de su convivencia familiar, o
• cuando por su especial vulnerabilidad se encuentre sometida a su custodia o guarda en centros públicos o privados

Fuera de estos supuestos, la decisión queda a criterio del Juez o Tribunal, atendiendo a la gravedad de los hechos y al peligro que el delincuente represente.

¿Qué duración tienen estas restricciones?

Una pregunta recurrente que respondemos a diario en nuestra labor como abogados expertos en este tipo de medidas es cuál será su duración en caso de que nuestro cliente resulte condenado por el delito al que se enfrenta.

Ante esta situación, es importante saber que la duración de la medida dependerá, por lo general, de la gravedad del delito y del tipo de pena impuesta. Así, para:

• Delitos graves: tendrá una duración de hasta 10 años
• Delitos menos graves: podrá alcanzar hasta 5 años
• Delitos leves: no excederá de 6 meses

Y si la pena es de prisión, la medida se extenderá entre 1 y 10 años más que la duración de dicha pena (si el delito es grave), o entre 1 y 5 años más (si es menos grave)

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