Abogados delitos de lesiones

Nuestra legislación penal en materia de lesiones, castiga una serie de conductas, cuyos bienes jurídicos protegidos por voluntad del Legislador, son los siguientes:

• la integridad corporal (Pej: una herida producida como consecuencia de un golpe), y
• la salud física o mental (Pej: causar una enfermedad a otro)

Esta es una situación que se produce a diario en las urgencias de cualquier hospital. Un facultativo, que debe tomar una decisión que afectará la integridad corporal de un paciente, con el fin de preservar su salud.

Ejemplo de este extremo, es la necesidad de amputación de un brazo gangrenado, lo cual requiere evaluación y tratamiento urgentes. Ante esto, generalmente, se debe proceder a extirpar el tejido muerto, para permitir la cicatrización del tejido viviente circundante, y prevenir una infección posterior.

Desde el punto de vista jurídico, si finalmente el tratamiento médico es exitoso, la cuestión planteada no constituirá un delito de lesiones. Esto sucede, porque a pesar de haberse visto afectada la integridad corporal del paciente, tal acción ha sido capaz de mejorar su salud.

Desde una perspectiva legal, no alimentar a un hijo puede constituir un delito. Se trata de una relación en la que una persona tiene a su cargo a otra. Dicho vínculo (Pej: padre-hijo), da lugar a la responsabilidad de quien debe garantizar la integridad corporal y la salud de otro. Y por tanto, es incompatible con impedirle el acceso a la comida, lo cual puede derivar en un daño.

Esta situación, que suele denominarse “maltrato”, puede constituir un delito de lesiones, que no se produce por una acción, sino que se comete por omisión. Esto sucede, si tal conducta acaba afectando física o psicológicamente al sujeto pasivo.

Con carácter general, el Tribunal Supremo ha alcanzado un acuerdo, que establece que las lesiones psíquicas de la víctima de un delito de violación, son inherentes a su tipificación, y por lo tanto carecen de autonomía punitiva.

Esto sucede, porque ese Alto Tribunal, entiende que ya han sido tenidas en cuenta por el Legislador al tipificar la conducta y asignarle una pena, lo que las hace ordinariamente consumidas por el tipo delictivo correspondiente (Principio de consunción del Art. 8.3 del Código Penal)

Todo ello, sin perjuicio de la valoración a efectos de responsabilidad civil que pueda corresponder. (Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda, adoptado en su reunión del día 10-10-03)

El Artículo 148 del Código Penal, prevé una pena agravada, para el caso en que una lesión se produzca como consecuencia de una agresión, en la que se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o la salud, física o psíquica, del lesionado.

Sin embargo, es importante conocer, que esta medida no es imperativa para el juzgador, sino que como reza también el texto de dicho artículo, “podrá” ser aplicada en función de las circunstancias del caso concreto.

Profundizando en este enfoque, debemos acudir a la interpretación realizada por la jurisprudencia, respecto del uso de un arma en hechos que produzcan lesiones. En la práctica, el Tribunal Supremo entiende que su aplicación requiere “…de una doble valoración. De un lado, deben tenerse en cuenta la composición, la forma y demás características del arma, instrumento, objeto o medio empleado o las peculiaridades del método o forma de la agresión, que deben tener una capacidad lesiva relevante, y de otro, debe valorarse la forma en que tal objeto o instrumento ha sido utilizado, reveladora de su peligrosidad en el caso concreto…” (STS 546/2014, de 9 de julio)

Es decir, que si bien no existen dudas de que un cuchillo es capaz de provocar la muerte, la pena agravada no se fundará solo en su capacidad objetiva, sino que dependerá también de la forma en la que este fue utilizado.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, nos dice que la simple deformidad, viene caracterizada generalmente por una alteración estética, que no afecta de forma intensa a la actividad funcional de los órganos o de la parte del cuerpo afectada, limitándose a una modificación de la configuración natural del cuerpo, producida por una agresión.

Si embargo, este Alto Tribunal, establece también que para ser considerada como deformidad grave, esta ha de entrañar repercusiones funcionales severas, que modifiquen y hagan gravoso el desempeño de funciones esenciales, para el desenvolvimiento del ser humano. (STS 823/2016 de 3 de noviembre)