Abogados delitos de homicidio y asesinato

El homicidio doloso es aquel que se comete con dolo, lo cual implica el conocimiento y voluntad de matar a una persona. Respecto del dolo con el que se realiza la acción de matar, es imprescindible saber que puede ser directo, indirecto o eventual.

En el dolo directo el resultado que busca el autor es la muerte de la víctima. Y en el indirecto el autor no desea la muerte, sino otro resultado distinto, pero sabe que al actuar causará esa muerte no deseada, y aun así realiza la acción.

En el dolo eventual el fin no es matar, pero el autor es consciente de la posibilidad de que sus actos causen la muerte de la otra persona y aun así los lleva adelante.

El bien jurídico protegido es el de la vida humana, proclamado en la Constitución Española, en Tratados Internacionales y en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Así el artículo 15 de la Constitución Española establece: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral…”

Y en el mismo sentido, el artículo 3 la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) nos dice que “Todo individuo tiene derecho a la vida…”, el artículo 2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) reconoce que “El derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente…” y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) establece que “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente…”

Respecto de las resoluciones del Tribunal Constitucional, es importante conocer que la interpretación de este derecho fue objeto de distintas sentencias. Entre ellas destacan la STC 53/1985, STC 120/1990 y STC 137/1990 al abordar cuestiones como el papel de protección de la vida que corresponde al Estado, el derecho a la vida como derecho fundamental del que dimanan todos los demás derechos y la disponibilidad sobre la propia vida.

Dentro de los elementos del tipo penal de homicidio, vamos a encontrar elementos objetivos y elementos subjetivos del delito.

Elementos objetivos

• Acción: La acción típica aparece configurada por el verbo «matar», es decir, privar de vida a otra persona. En este aspecto, tenemos que saber que la acción puede realizarse tanto en sentido estricto, siendo indiferente el medio o medios empleados (salvo que se trate de los constitutivos de asesinato) pudiendo ser violentos o no (disparos, puñaladas, veneno, entre otros…) como mediante una omisión (cuando el sujeto tenga un específico deber de actuar, derivado de un mandato jurídico, como por ejemplo en el caso de un socorrista respecto a los bañistas o la madre respecto el deber de cuidado de su hijo, que obligan a este a garantizar la no producción del resultado injusto).
• Sujeto activo y pasivo del delito: El sujeto activo del delito puede ser cualquier persona. Y en cuanto a los supuestos de sujeto pasivo, con carácter general debemos conocer que puede ser cualquier ser humano vivo. Aunque el homicidio del Rey y las demás personas enumeradas en el artículo 485 del Código Penal, o cuando la víctima sea un Jefe de Estado extranjero (artículo 605), son supuestos que constituyen delitos específicos.
• Relación de causalidad: Entre el acto del sujeto activo y el resultado, debe mediar una conexión. Esto significa que el resultado de muerte debe ser consecuencia de un acto u omisión de dicho sujeto.

Elementos subjetivos

La muerte de una persona puede producirse mediante una acción dolosa (homicidio que supone el conocimiento y voluntad de realizar el tipo penal). O por una acción imprudente (homicidio que se produce por no observar un deber de cuidado o diligencia).

Además de estas dos modalidades, existe la figura del denominado “homicidio preterintencional”.

En nuestro Código Penal no existe ninguna figura delictiva con este nombre. La denominación de homicidio preterintencional, ha sido acuñada por la doctrina y la jurisprudencia al delimitar casos donde la culpabilidad no se encuadra en ninguno de los supuestos de dolo o imprudencia, como sucede cuando el sujeto activo con la intención de lesionar a otro acaba produciendo su muerte, esto es, la causación de lesiones dolosas que conducen a la muerte no querida del lesionado. El sujeto activo no tiene entonces, intención de matar sino de lesionar.

En la actualidad, el Tribunal Supremo estima que examinar los supuestos de homicidio preterintencional, requiere distinguir el acto inicial doloso y el resultado producido. El acto inicial constituye un delito doloso de lesiones (el sujeto activo tiene intención de lesionar) y, con relación al resultado (la muerte de otra persona) debe en primer lugar establecerse el nexo de unión con el obrar del sujeto, bien mediante la aplicación de alguna de las teorías causales, bien mediante la tesis de la imputación objetiva, ya que si no puede establecerse esta imputación del resultado, el sujeto activo responderá únicamente por el acto inicial doloso (el delito de lesiones).

En caso de que quepa hacer la imputación objetiva del resultado, la responsabilidad del sujeto respecto de éste (de la muerte) será de carácter imprudente. La muerte dará lugar entonces, a una infracción imprudente y ésta se graduará (temeraria o simple) en función de las condiciones que concurran. Y conforme a los criterios generales seguidos en orden a la graduación de las imprudencias.

Aunque existen distintos criterios, en estos casos la jurisprudencia suele imputar el resultado de muerte al sujeto activo por imprudencia. Pero a través de la figura del homicidio imprudente en concurso con un delito de lesiones.

Se trata de un homicidio cuyo autor comete el delito debido a una imprudencia. En este caso el sujeto no quiere ese resultado, sino que éste se produce porque ejecuta la acción sin observar un deber de cuidado o diligencia.

En el homicidio imprudente será necesario encontrar tres elementos:

• Falta de diligencia debida
• Previsibilidad de ocasionar la muerte de alguien
• Efectiva producción de un resultado de muerte

La imprudencia con la que se lleva a cabo la acción puede ser grave o menos grave. La gravedad de la imprudencia se graduará conforme a las normas de cuidado no observadas, siendo grave ante la infracción de las normas de cuidado «más elementales», esto es, con la ausencia de las precauciones mínimas exigibles.

Cuando el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o ciclomotor, un arma de fuego, o por imprudencia profesional, además de la pena de prisión, el Legislador prevé la aplicación de unas penas específicas (Art 142.1).

Para poder afirmar que una determinada conducta de un sujeto realiza el tipo de imprudencia grave con resultado de muerte del art 142 del Código Penal se requiere, en cuanto al tipo objetivo, la concurrencia de los siguientes elementos:

• de una parte, la Infracción de un deber de cuidado interno (deber subjetivo de cuidado o deber de previsión), que obliga a advertir la presencia de un peligro cognoscible y el índice de su gravedad; y
• de otra, por la vulneración de un deber de cuidado externo (deber objetivo de cuidado), que obliga a comportarse externamente de forma que no se generen riesgos no permitidos, o, en su caso, a actuar de modo que se controlen o neutralicen los riesgos no permitidos creados por terceras personas o por factores ajenos al autor, siempre que el deber de garante de éste le obligue a controlar o neutralizar él riesgo ilícito que se ha desencadenado.
• finalmente en los comportamientos activos, debe haber un nexo causal entre la acción Imprudente y el resultado (vínculo naturalístico u ontológico), y la Imputación objetiva del resultado a la conducta Imprudente, deforma que el riesgo no permitido generado por ésta sea el que se materialice en el resultado (vínculo normativo o axiológico).

En los comportamientos omisivos habrá de operarse con el criterio hipotético de imputación centrado en dilucidar si la conducta omitida habría evitado, con una probabilidad rayana en la certeza, la lesión o el menoscabo del bien Jurídico que tutela la norma penal.

La Jurisprudencia entiende que la alevosía requiere de la presencia de los siguientes elementos:

• Un componente normativo, ya que la alevosía solo puede proyectarse a los delitos contra las personas.
• Un elemento objetivo, que radica en el «modus operandi». Es decir, que el autor utilice en la ejecución medios, modos o formas que han de ser objetivamente adecuados para asegurarla mediante la eliminación de las posibilidades de defensa, sin que sea suficiente el convencimiento del sujeto acerca de su idoneidad.
• Un elemento subjetivo. Lo que implica, que el dolo del autor se proyecte no sólo sobre la utilización de los medios, modos o formas empleados, sino también sobre su tendencia a asegurar la ejecución y su orientación a impedir la defensa del ofendido, eliminando así conscientemente el posible riesgo que pudiera suponer para su persona una eventual reacción defensiva de aquél, y
• Un requisito teleológico, que impone la comprobación de si en realidad, en el caso concreto, se produjo una situación de total indefensión, siendo necesario que se aprecie una mayor antijuridicidad en la conducta derivada precisamente del modus operandi, conscientemente orientado a aquellas finalidades. (STS 541/2017, de 12 de julio)

Una de las circunstancias que dan lugar al tipo penal de asesinato, es que este se lleve a cabo por un precio, recompensa o promesa. Respecto de las diferencias de estos tres términos, tenemos que saber que:

• Precio, se refiere a una cantidad concreta de dinero o a algo que posea un valor económico, como por ejemplo un coche.
• Recompensa, conlleva una remuneración o contraprestación que también tiene valor económico, pero cuya naturaleza es distinta a la del precio, como puede ser el caso de obtener un ascenso en el trabajo, y
• Promesa, implica una retribución que se producirá en el futuro, es decir, que se plantea una ventaja económica en la que el pago se aplaza y cuyo objeto puede darse en forma de precio o de recompensa.

La existencia de ensañamiento, que configura el tipo penal de asesinato, requiere de la presencia de un:

• Elemento objetivo: lo que implica que se cause un mal que aumente el dolor o el sufrimiento de la víctima, objetivamente innecesario para alcanzar el resultado típico, bien por torturas que conduzcan al fallecimiento o porque la forma de producir la muerte provoque sufrimiento añadido, y un
• Elemento subjetivo: que conlleva que el sujeto activo realice el hecho de manera consciente y deliberada, sabiendo que sus actos incrementan el sufrimiento de la víctima y con conocimiento de su carácter innecesario, así como de un exceso deliberado.

Cuando se provoca la muerte de otra persona con el fin de facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra, se incurre en un delito de asesinato. La gravedad de estos actos, se basa en la situación especialmente peligrosa que el Legislador percibe respecto de la víctima, provocada por ejemplo, por quien busca evitar responder por otro delito cometido con anterioridad.

Aunque este supuesto fue incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la reforma practicada en 2015, es importante saber que ya aparecía en nuestros Códigos Penales de 1822 y 1928 y que se encuentra presente en la legislación vigente de nuestro entorno europeo, como sucede en los textos punitivos de Alemania, Francia, Italia y Portugal.

El modelo de Jurado adoptado en nuestro país, se caracteriza esencialmente por la composición de ciudadanos legos que son escogidos por sorteo. Su función se centra en valorar los hechos objeto de juicio, mientras que la aplicación del derecho permanece en manos de los profesionales intervinientes.

Esto significa que tras deliberar, los miembros del Jurado declaran los hechos como probados o no y alcanzan un veredicto de inculpabilidad o culpabilidad. Luego, a raíz de ese veredicto, el Juez dictará Sentencia absolutoria o la pena que en derecho corresponda.

Respecto del Jurado, también es importante saber, que sus integrantes valoran la existencia o no, de circunstancias modificativas de la responsabilidad.

El Legislador ha contemplado en el funcionamiento de esta pena, que la misma no renuncie a la reinserción del penado, ya que una vez cumplida una parte de la condena, un Tribunal Colegiado deberá valorar nuevamente sus circunstancias y las del delito cometido, y podrá revisar su situación personal.

La previsión de esta revisión judicial periódica, persigue la finalidad de alejar a la prisión permanente revisable de toda duda de inhumanidad, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado.

Cumplida una parte de la pena (25 años), si el Tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el contrario, el Tribunal entiende que estos se cumplen, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control para garantizar la seguridad de la sociedad y asistirle en la fase final de su reinserción a la misma.

Basándose en todo lo expuesto, el Legislador entiende que la pena de prisión permanente revisable no constituye una suerte de “pena definitiva”, sino que permite compatibilizar una respuesta penal acorde a la gravedad del delito, con el fin de reeducación al que debe orientarse la ejecución de una pena de prisión.