Abogados delitos de coacciones

Abogados penalistas especializados en delitos de coacción

Este tipo penal se caracteriza por sancionar la conducta de quien, mediante una acción violenta, impide a otra persona hacer algo que la ley no prohíbe o la obliga a actuar contra su voluntad. Esta violencia puede ser física o psicológica, incluyendo supuestos de intimidación.

Este delito se regula inmediatamente después de las amenazas, en el artículo 172 del Código Penal, lo que evidencia la estrecha relación jurídica que existe entre ambos.

Como abogados especialistas en coacciones, debemos tener en cuenta que la imposición de una pena exige acreditar la existencia de violencia, la relación de causalidad y las circunstancias concretas del caso, ya que pueden concurrir supuestos de justificación que excluyan la responsabilidad penal.

¿Cuándo se comete un delito de coacciones?

El delito de coacciones se comete cuando una persona, mediante violencia, impide a otra hacer algo que la ley no prohíbe o la compele a realizar un acto contra su voluntad, con independencia de que dicho acto sea justo o injusto.

¿Qué se considera violencia?

En un primer momento, el concepto de violencia en este tipo penal, se limitaba exclusivamente al uso de fuerza física sobre las personas. Con el tiempo, se amplió para incluir la intimidación sobre el sujeto pasivo, lo que ha provocado que, en determinados supuestos, la diferencia entre coacciones y amenazas resulte menos nítida.

Posteriormente, se extendió también a la fuerza ejercida sobre las cosas. En la práctica, y pese a las críticas doctrinales existentes, se consideran incluidos los supuestos de fuerza en las cosas impropia, como ocurre, por ejemplo, cuando se corta el suministro eléctrico a un inquilino que ha incurrido en impago con la finalidad de forzarle a abandonar la vivienda.

Tipos de coacciones

El delito de coacciones puede cometerse a través de dos modalidades de conducta claramente diferenciadas por la ley.

Impedir hacer lo que la ley no prohíbe

Esta modalidad consiste en impedir a otra persona realizar una conducta que no está prohibida por la ley. Es importante precisar que la referencia legal se limita únicamente a lo prohibido por la ley penal, quedando fuera los supuestos que puedan constituir ilícitos administrativos o civiles.

Compeler a efectuar lo que no quiera, sea justo o injusto

Compeler significa obligar a realizar una conducta u obstaculizarla. La aclaración del Legislador sobre que el acto impuesto sea justo o injusto responde a que determinadas actuaciones corresponden en exclusiva al Estado en el ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza.

Por ello, un particular no está habilitado para obligar a otro a actuar, incluso cuando la conducta impuesta sea lícita o jurídicamente justa, ya que esa facultad queda reservada a las autoridades legalmente competentes.

Casos en que una coacción puede estar justificada

El Artículo 172 del Código Penal establece que solo incurre en delito de coacciones quien actúa sin estar legítimamente autorizado. Esto significa que la existencia de una autorización legal excluye la responsabilidad penal, incluso cuando la conducta tenga una naturaleza objetivamente coactiva.

En este sentido, la ley admite que determinadas acciones estén justificadas cuando concurren supuestos legalmente reconocidos, entre los que se encuentran los siguientes:

• Uso legítimo de la fuerza por parte de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones y conforme a la ley
• Tratamiento médico coactivo, cuando se realiza por imperativo legal o por estado de necesidad, especialmente si el paciente tiene alterada su capacidad de decisión
• Impedir un suicidio mediante el uso de violencia, con la finalidad de proteger la vida del sujeto
• Intervención en una huelga de hambre cuando la persona se encuentra inconsciente o su capacidad de decidir se ha visto afectada por estado de necesidad

En todos estos supuestos, los hechos quedan amparados por la ley al responder a un interés superior protegido por el ordenamiento jurídico.

Penas por un delito de coacciones

El delito de coacciones está sancionado con una pena alternativa de prisión de seis meses a tres años o multa de 12 a 24 meses, cuya imposición dependerá de su gravedad y de los medios empleados para llevarla a cabo.

La ley prevé la aplicación de la pena en su mitad superior en determinados supuestos especialmente graves, como cuando la coacción tiene por objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental u obstaculizar el legítimo disfrute de la vivienda.

Al margen de estos casos, cuando la coacción sea de carácter leve, el autor será castigado con pena de multa de uno a tres meses. Este tipo de conducta solo será perseguible a instancia de parte, mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

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