Abogados procedimientos abreviados
Proceso judicial ágil para el enjuiciamiento de determinados delitos, aplicable a casos con penas de hasta nueve años de prisión
Abogados especialistas en procedimientos abreviados
Artículo 757 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento CriminalProceso judicial ágil para el enjuiciamiento de determinados delitos, aplicable a casos con penas de hasta nueve años de prisión
El procedimiento abreviado es el cauce previsto para el enjuiciamiento de delitos cuya pena de prisión no excede de 9 años, así como de aquellos castigados con otras sanciones de distinta naturaleza, ya sean únicas, conjuntas o alternativas, con independencia de cuantía o duración.
Aunque persigue una tramitación más eficiente que otros procesos penales, consta de diversas fases y su duración puede extenderse, habitualmente, entre 6 meses y 2 años. Por ello, no debe confundirse con el juicio rápido, que responde a supuestos y requisitos distintos.
En este contexto, resulta fundamental contar con un bufete procesalista especializado, capaz de diseñar una estrategia de defensa o acusación adecuada desde las primeras diligencias, anticiparse a cada una de sus fases y proteger eficazmente los intereses del cliente durante todo el proceso.
Nuestros especialistas han colaborado en numerosas ocasiones en prensa, televisión y radio
brindando su opinión profesional respecto de casos de gran actualidad
El proceso penal es el conjunto de actuaciones legales destinadas a investigar, enjuiciar y, en su caso, sancionar la comisión de un delito.
Dentro de este marco, el procedimiento abreviado es una modalidad específica diseñada para agilizar su tramitación, mediante fases más simplificadas y plazos más breves que otros procesos penales.
Como veremos a continuación, se aplica a un grupo concreto de delitos, aunque existen excepciones relevantes que conviene conocer para determinar correctamente qué vía procesal corresponde en cada caso.
Se trata de la vía penal utilizada para el enjuiciamiento de delitos cuya pena de prisión no supera los 9 años, así como de aquellos castigados con otro tipo de penas, ya sean únicas, conjuntas o alternativas, con independencia de su duración.
No obstante, existen excepciones en las que, pese a encajar en este límite, se siguen otros procesos específicos:
Este marco permite identificar cuándo es necesario acudir a otras vías penales concretas.
El procedimiento abreviado en España se estructura en tres fases principales: instrucción, fase intermedia y Juicio oral. Aunque comparte ciertas características con el procedimiento ordinario, se distingue por una tramitación más ágil.
A continuación, se detallan sus fases:

Comprender sus fases resulta clave para anticipar el desarrollo del proceso penal y preparar una adecuada estrategia de defensa.
En el procedimiento abreviado, la regla general es que el juicio oral se celebre con la presencia del acusado y su abogado defensor.
No obstante, la ley prevé determinados supuestos en los que es posible celebrar el juicio en ausencia del acusado, siempre que se cumplan una serie de requisitos legales.
Esta posibilidad se limita a delitos de menor gravedad, en los que la pena solicitada no supera determinados límites legales, tanto en penas privativas de libertad como en otro tipo de sanciones, en concreto que:
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Al ponerse en manos de un despacho de abogados procesalistas hay ciertos factores a tener en cuenta
El letrado responsable de su procedimiento, tiene que acreditar una trayectoria en la práctica profesional, capaz de dar respuesta al delito específico al que usted se expone. Solo haberse enfrentado a cientos de casos como el suyo es garantía de cumplir con este requisito.
Un contacto directo con el abogado que lleva su caso desde el principio y en todo momento. La comunicación con el despacho debe ser fácil y responder a sus necesidades como cliente. En este sentido son claves, la rapidez en la respuesta y el uso de un vocabulario sencillo y concreto.
Encomendar un problema de índole penal no es algo que pueda hacerse a la ligera. Es importante considerar la participación en casos de gran trascendencia, la dedicación exclusiva al derecho penal, el reconocimiento profesional del bufete y la formación académica de sus integrantes.
Una visión realista y la evaluación honesta de sus posibilidades de éxito son la base de la confianza con su abogado procesalista. La reputación de un letrado se basa entre otras cosas, en su capacidad para no generar falsas expectativas respecto del resultado esperable en cada caso.
Si has recibido una notificación de un juzgado, lo más recomendable es comunicarlo cuanto antes a tu abogado, si ya dispones de uno, o consultar con un profesional en caso de que aún no lo tengas.
Este revisará su contenido y te orientará sobre cómo proceder, así como sobre tus derechos y obligaciones.
Además, es importante no ignorar la notificación ni dejar pasar los plazos indicados, ya que su incumplimiento puede tener consecuencias negativas, como la pérdida de oportunidades de defensa.
También conviene leer detenidamente el documento para identificar el tipo de procedimiento, el juzgado que lo emite y cualquier requerimiento concreto (comparecer, aportar documentación, etc.).
Actuar con rapidez y con asesoramiento legal adecuado es clave para proteger tus intereses.
Sí. La sentencia dictada en un procedimiento abreviado puede recurrirse mediante recurso de apelación en el plazo de 10 días desde su notificación. Este recurso se presenta ante el mismo Juzgado o Tribunal que ha dictado la sentencia, que será el encargado de remitir las actuaciones al Tribunal superior competente para que resuelva en segunda instancia.
Es importante tener en cuenta que el recurso debe estar debidamente fundamentado, señalando posibles errores en la valoración de la prueba, en la aplicación de la ley, o vulneraciones de derechos fundamentales.
Además, el cumplimiento de los plazos es esencial, ya que su omisión puede suponer la pérdida del derecho a recurrir.
La obligación de declarar depende de la condición en la que hayas sido citado por el Juzgado o Tribunal, ya que no todas las personas tienen el mismo deber de hacerlo. Hay quienes están obligados, quienes pueden negarse y quienes, en determinados casos, deben abstenerse.
Por ejemplo, los testigos, con carácter general, están obligados a comparecer y decir la verdad. Sin embargo, existen excepciones, como el caso de determinados familiares directos del investigado o acusado (por ejemplo, padres, hijos o cónyuge), que pueden acogerse a su derecho a no declarar en su contra.
Por su parte, profesionales sujetos a secreto profesional, como abogados, médicos u otros, deben negarse, si las preguntas afectan a información confidencial obtenida en el ejercicio de su profesión.
Además, si has sido citado como investigado o acusado, tienes derecho a no declarar y a no contestar a alguna o ninguna de las preguntas, así como a no declarar contra ti mismo y a no confesarte culpable.
Si no puedes pagar la indemnización que reclama la acusación en un procedimiento penal, pueden derivarse diversas consecuencias relevantes. Por ejemplo, puede dificultar la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad antes del juicio que implique una reducción de la pena, así como la eventual suspensión de una pena de prisión.
Además, en caso de condena con ingreso en prisión, el impago de la responsabilidad civil puede influir negativamente en el acceso a beneficios penitenciarios, como el tercer grado o la libertad condicional, ya que el cumplimiento de estas obligaciones económicas suele valorarse como un indicador de reparación del daño causado.
No obstante, es importante saber que, si no puedes hacer frente al pago de una sola vez, puedes solicitar un fraccionamiento o aplazamiento de la indemnización, que normalmente se tramita ante el juzgado de ejecución.
La diferencia entre procedimiento y juicio radica en que el procedimiento es el conjunto completo de actuaciones y fases que se siguen ante un órgano judicial para resolver un asunto, mientras que el juicio es solo una de esas fases, generalmente la final.
El procedimiento incluye distintas etapas, como la investigación o instrucción, la presentación de escritos, la práctica de pruebas y, en su caso, el propio juicio. Por su parte, el juicio es el acto en el que las partes exponen sus argumentos, se reproducen las pruebas ante el juez o tribunal y se formulan las conclusiones, sirviendo de base para dictar sentencia.
El escrito de acusación es el documento mediante el cual la acusación formaliza ante el Juzgado o Tribunal los hechos que atribuye al investigado, indicando el delito que considera cometido, las pruebas en las que se apoya y la pena o medidas que solicita.
Con este escrito se delimita el alcance del juicio y se concreta de qué debe defenderse la persona acusada.
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