Abogados delitos violencia de género

El Artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece que están dispensados de la obligación de declarar, los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil.

Esto significa que existe un derecho a favor de estas personas, en virtud del vínculo que mantienen con el acusado de un delito. Y que por ello, si son llamados como testigos, pueden acogerse al derecho a no declarar en su contra.

Sin embargo, la dispensa de la obligación de declarar como testigo, no se aplica en una serie de supuestos enumerados en esa misma norma.

Funcionamiento de la dispensa en los casos de violencia de género

Hasta el año 2020 se permitía a la víctima de violencia de género, acogerse a la dispensa aun cuando fuera la denunciante de los mismos. Pero mediante la STS 389/2020, de 10 de julio, el Alto Tribunal modificó el criterio mantenido hasta entonces, al considerar entre otras cosas que:

• la dispensa es incompatible con la posición de denunciante
• si ha dado el paso de personarse como acusación particular la víctima ha renunciado a ese derecho y superado el conflicto que podría suponer declarar en contra del acusado
• es importante evitar que el testigo-víctima pueda ser coaccionado a no declarar mediante el acogimiento a la dispensa
• permitir lo contrario supondría convertir a estos hechos ilícitos como únicamente perseguibles a instancia de parte cuando se trata de delitos públicos perseguibles de oficio

Estas razones llevaron al Tribunal Supremo, a concluir que si la víctima denuncia y se persona como acusación particular, dichos actos procesales suponen su renuncia a la dispensa. Y que esta no recobra ese derecho aun renunciando a dicha posición procesal.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que los tipos penales de violencia de género son delitos públicos, los cuales son perseguibles sin necesidad de denuncia previa por parte del perjudicado u ofendido. De hecho pueden ser denunciados por cualquier persona, como por ejemplo un familiar de la víctima, un Policía, un Médico o incluso un vecino.

Esto sucede porque los delitos públicos afectan al interés general, cosa que no ocurre en el caso de los de carácter privado, que atentan contra bienes jurídicos particulares, no repercuten sobre el resto de la sociedad y por consiguiente no existe un interés público de que estos sean perseguidos.

La realidad es que en nuestro ordenamiento jurídico casi todos los tipos penales son considerados de interés público por parte del Legislador, siendo muy pocos los casos en los que es necesario que sea el perjudicado quien promueva la acción penal. (Pej: Injurias o calumnias)

Así es que en el caso de estos delitos, si la denunciante renuncia a ejercer la acción penal, esta decisión no conlleva por sí misma el archivo del procedimiento penal iniciado. Es decir que una vez interpuesta la denuncia, de considerar que existen elementos suficientes para ello, el Ministerio Fiscal puede continuar impulsando la acusación y por tanto el procedimiento penal, aun en contra de la voluntad de la víctima.

La orden de protección de las víctimas de violencia doméstica fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 27/2003, de 31 de julio y posteriormente se extendió a las víctimas de violencia de género a través de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.

Se trata de una resolución judicial, que ante la existencia de indicios fundados de la comisión de un delito de violencia doméstica o de género y una situación objetiva de riesgo para la víctima, ordena su protección mediante la adopción de medidas cautelares penales y/o civiles, además de activar medidas de asistencia y protección social.

La orden de protección se sustancia mediante un procedimiento judicial, que se pone en marcha ante el Juzgado de Instrucción y sus efectos comprenden la disposición de medidas penales, civiles, y asistenciales y de protección social:

Penales

• Privativas de libertad
• Orden de alejamiento
• Prohibición de comunicación
• Prohibición de volver al lugar del delito o residencia de la víctima
• Retirada de armas u otros objetos peligrosos

Civiles

• Atribución del uso y disfrute de la vivienda
• Régimen de custodia, visitas, comunicación con los hijos
• Prestación de alimentos
• Medida de protección al menor para evitar un peligro o perjuicio

De asistencia y protección social: establecidas en el ordenamiento jurídico, tanto estatal como autonómico

El Artículo 48 del Código Penal, regula una serie de penas configuradas como medidas de protección, cuya finalidad es evitar el riesgo de reiteración delictiva sobre la víctima:

• Protección con respecto a lugares: La norma permite al juez o tribunal, imponer la privación del derecho del condenado, a residir en determinados lugares o acudir a ellos, impidiéndole personarse en el sitio en el que haya cometido el delito, o en aquel en el que resida la víctima o su familia, en el caso de que estos fueran distintos.
• Prohibición de aproximación: La prohibición de aproximarse, impide al penado acercarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, en cualquier lugar donde se encuentren, así como aproximarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro sitio que sea frecuentado por estos, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil, hasta el total cumplimiento de esta pena.
• Prohibición de comunicación: La prohibición de comunicación, impide al condenado contactar con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, cuestión que alcanza el contacto escrito, verbal o visual, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático. (Pej: Enviar mensajes de whatsApp se considera un quebrantamiento de esta medida)

Su aplicación será obligatoria cuando se trate de delitos cometidos contra quien sea o haya sido cónyuge, o sobre persona que esté o haya estado ligada al condenado por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentren sometidas a su custodia o guarda en centros públicos o privados.