Última actualización el 15 de septiembre de 2026

La Audiencia Provincial de Málaga absuelve a nuestro cliente, acusado como inductor de un delito de emisión de certificados falsos

Nuestro despacho asumió la defensa de un ciudadano extranjero que buscaba acreditar su permanencia en España a efectos de arraigo, a quien el Ministerio Fiscal acusaba de actuar como inductor de un delito de emisión de certificados falsos, en un procedimiento seguido ante la Audiencia Provincial de Málaga.

La causa tenía su origen en una investigación relacionada con la obtención de documentación destinada a acreditar determinados periodos de permanencia y actividad en España, documentación que podía utilizarse en procedimientos administrativos relacionados con el arraigo y la obtención de la residencia.

En el caso de nuestro representado, la acusación sostenía que había solicitado documentación que acreditaba que había ejercido la venta ambulante en distintos municipios de la provincia de Málaga durante determinados periodos, pese a que no había estado en España durante parte de los años que figuraban en dichos documentos.

La acusación inicial solicitaba una pena de un año de prisión

La situación procesal de nuestro cliente estaba inicialmente marcada por una acusación que solicitaba una pena de prisión.

En su escrito de acusación inicial, el Ministerio Fiscal calificaba los hechos como constitutivos de un delito de emisión de certificados falsos previsto en el artículo 398 del Código Penal y atribuía a nuestro representado la condición de inductor, solicitando para él una pena de un año de prisión.

Sin embargo, tras la celebración del juicio oral, el Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones definitivas y pasó a solicitar solo cuatro meses de suspensión, manteniendo la acusación como inductor del delito previsto en el artículo 398 del Código Penal.

Nuestra defensa mostró su conformidad con esa calificación definitiva del Ministerio Fiscal. Sin embargo, como veremos a continuación, la Audiencia Provincial de Málaga concluyó que no existía responsabilidad penal y dictó una sentencia absolutoria.

La Audiencia Provincial de Málaga dictó una sentencia absolutoria

La Sala analizó la naturaleza de los documentos utilizados y, especialmente, si concurrían los elementos necesarios para considerar que se había cometido un delito de emisión de certificados falsos.

Uno de los aspectos fundamentales de la resolución fue el análisis de la actuación de los funcionarios que habían elaborado los documentos. La Sala consideró que estos habían expedido los informes y certificados sin comprobar previamente la realidad o certeza de los datos que en ellos se hacían constar, lo que calificó como una actuación negligente.

Sin embargo, la Audiencia Provincial señaló que no se había acreditado el dolo ni la intención de faltar a la verdad, elemento subjetivo necesario para que dicha conducta pudiera tener relevancia penal.

A partir de esta conclusión, la Sala determinó que los documentos no constituían una falsificación penalmente relevante. Y, al no ser penalmente punible la conducta de los funcionarios que los habían elaborado, tampoco podía serlo la conducta de quien había interesado su emisión, descartándose así la responsabilidad de nuestro cliente como inductor.

El resultado fue contundente: la Audiencia Provincial de Málaga absolvió a nuestro representado de los hechos por los que venía siendo acusado por el Ministerio Fiscal, declarando además las costas de oficio.

De esta forma, frente a una acusación inicial que solicitaba un año de prisión, posteriormente modificada por Fiscalía a cuatro meses de suspensión, nuestro cliente terminó el procedimiento con una sentencia absolutoria y sin condena penal.

La importancia de una defensa penal especializada en delitos de falsedad documental

Los procedimientos relacionados con la falsificación de documentos y certificados oficiales pueden presentar una especial complejidad, especialmente cuando existen varios intervinientes y se atribuye al acusado una participación como inductor.

En estos casos, no basta con acreditar que un documento contiene datos que no se corresponden con la realidad. Es necesario analizar la naturaleza jurídica del documento, la conducta concreta de cada interviniente y, especialmente, la concurrencia de los elementos subjetivos exigidos por el tipo penal.

Una defensa penal especializada debe estudiar de forma individualizada qué actuación puede atribuirse realmente al acusado, cuál era su conocimiento de las circunstancias y si concurren todos los elementos necesarios para que exista responsabilidad penal.

Nuestro equipo de abogados penalistas especializados en delitos de falsedad documental interviene en procedimientos en los que se investigan acusaciones por falsificación de documentos, certificados oficiales y otros delitos relacionados con la falsedad.

Si se enfrenta a una acusación por falsedad documental, emisión de certificados falsos o por haber participado en la obtención o utilización de un documento presuntamente falso, contacte con nuestro despacho para analizar las posibilidades de defensa de su caso.

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