Última actualización el 22 de agosto de 2026
Derecho a la no autoincriminación
Alcance constitucional y protección del derecho a no declarar contra uno mismo
Derecho a guardar silencio y a no confesarse culpable | Jurisprudencia
Sobre la grabación de la entrevista que tiene un particular con el acusado, que es presentada a la Policía en el momento de la denuncia. No puede sustentarse que la grabación de las conversaciones suponga un quebranto del derecho de autoincriminarse.
La STS 657/2021 de 28 de julio de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, nos recuerda que este derecho está recogido en el texto constitucional al decir que «todos tienen derecho a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia» (art. 24.2).
El recurso sostiene que las grabaciones aportadas por el denunciante, particularmente una que hace referencia a una conversación que éste mantuvo con el acusado con posterioridad a la denuncia, no pueden tener validez, en la medida en que fueron obtenidas por un particular con quebranto de su derecho a la no autoincriminación y con la finalidad de preconstituir prueba, tal y como expresamos en nuestra STS 116/2017 (caso Falciani).
Su consideración no es válida. La doctrina jurisprudencial que el recurso invoca contempla supuestos en los que un particular actúa por propia iniciativa y, en la obtención de una prueba, desborda el marco constitucional de protección de los derechos fundamentales.
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Grabaciones entre particulares e inaplicabilidad de la regla de exclusión
Para estos supuestos de quebranto de los derechos fundamentales, proclamábamos que si el particular actúa completamente desvinculado de la actuación del Estado, no se activa un marco de garantías constitucionalmente dispuestas para impedir el acopio estatal de fuentes de prueba en el marco del proceso penal, que es lo que contempla el art. 11 de la LOPJ al fijar la regla de exclusión que en él se recoge ( SSTS 116/2017, de 23 de febrero y 508/2017, de 4 de julio).
Sin embargo, no existe ninguna restricción al aprovechamiento de la información cuando, como en este caso, falta la premisa inicial y los particulares aportan a la investigación oficial elementos legítimamente obtenidos que pueden facilitar las pesquisas o corroborar los hechos.
Ya hemos dicho que las grabaciones aportadas por el denunciante, ni quebrantaron el derecho a la propia imagen de el acusado , ni conculcaron su derecho a la intimidad.
Pero tampoco puede sostenerse, como hace el recurso, que las grabaciones supusieran un quebranto del derecho de el acusado a guardar silencio y no autoincriminarse.
Doctrina del TEDH sobre informadores particulares y colaboradores
El derecho a un proceso con todas las garantías preserva que el sometido a un proceso penal quede sujeto a una coerción abusiva procedente de las autoridades y que la acusación o condena pueda fundarse en elementos de prueba que se hayan obtenido mediante la presión o restricción de los derechos del sujeto pasivo del procedimiento penal ( STEDH, John Murray contra Reino Unido, de 8 de febrero de 1996-I, p. 49).
Desde esta consideración, cuando lo que se trata de evaluar es si la coerción abusiva de las autoridades pudo ejercerse de modo indirecto a partir de la intervención de un particular, la doctrina del TEDH establece que el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse sólo será quebrantado si el informador particular actuaba en calidad de instrumento o agente del Estado en el momento en que el acusado emitió su declaración, y siempre que sea el informador quien lleve al acusado a hacer su confesión.
En su sentencia Allan contra Reino Unido, de 5 de noviembre de 2002 (p. 51), el TEDH sintetiza que para evaluar el primer elemento, esto es, si el informante puede ser considerado un colaborador estatal, deberá valorarse si el intercambio de información con el acusado se hubiera producido de igual forma sin ninguna intervención de las autoridades.
Respecto a si el informante pudo inducir la información incriminatoria, considera el Tribunal la necesidad de observar si la conversación es equivalente a un interrogatorio y cuál era la naturaleza de la relación existente entre el informante y el encausado.
Ausencia de coerción abusiva e inexistencia de injerencia policial
En el presente supuesto, más allá de que de las grabaciones no se ha derivado ninguna prueba de cargo para la condena o información que haya conducido a su obtención, y que las grabaciones solo sirvieron para informar a la policía sobre la realidad de unos hechos que el denunciante conocía por sí mismo y que podría haber desvelado sin los discos de soporte, de modo que sólo operaron para desencadenar la investigación, tampoco concurre la actuación abusiva que el recurso suscita.
Todas las grabaciones se obtuvieron por el denunciante con carácter previo a la investigación policial y la única conversación que se registró después de interpuesta la denuncia, se realizó al margen de la investigación que llevaban los agentes y sin su conocimiento, sin que tenga un contenido esencial que no se hubiera proyectado ya en la denuncia inicial.
En modo alguno los agentes se sirvieron del denunciante para alcanzar una autoincriminación o material probatorio en contra del investigado, sino que fue el denunciante el que, con la intención de poder presionar a el acusado y reactivar con él una actividad comercial de la que había sido excluido, registró el contenido de varias conversaciones que traslucían la naturaleza de sus negocios, las cuales entregó a la policía cuando se frustraron sus pretensiones…«DESCARGAR SENTENCIA COMPLETA»
El derecho a la no autoincriminación constituye una garantía esencial dentro del proceso penal y adquiere especial relevancia cuando una persona se enfrenta a una investigación por hechos que pueden tener consecuencias penales graves.
En los procedimientos relacionados con el tráfico de estupefacientes, es fundamental conocer el alcance de este derecho y evitar que determinadas declaraciones o actuaciones del investigado se utilicen de forma indebida en su contra. Por ello, el asesoramiento de abogados especializados en tráfico de drogas resulta especialmente importante para preservar las garantías del investigado y diseñar una estrategia de defensa adecuada desde las primeras fases del procedimiento.
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Palladino Pellón – Abogados Penalistas | Derecho a la no autoincriminación
Es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid UCM y Licenciada en Criminología por la Universidad Camilo José Cela UCJC, posee un Máster en Criminalística por la Universidad Isabel I y obtuvo el título de Perito Judicial Experto en Genética Forense, Perito Judicial Experto en Informática Forense, Perito Judicial Experto en Psicología Forense y Perito Judicial Experto en Grafística y Documentoscopia por la EICYC. Como abogada colegiada nº 82.581 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), ha intervenido con éxito en cientos de casos penales, y es una letrada de prestigio en la Jurisdicción Penal. Posee diversas publicaciones y artículos en medios de prensa, radio, televisión y medios especializados siendo fuente de consulta habitual en materia de Derecho Penal y Criminología en más de 20 Países.