Última actualización el 2 de septiembre de 2026

Una estrategia de defensa penal eficaz permitió alcanzar un acuerdo muy favorable con la Fiscalía

Nuestro despacho asumió la defensa de nuestro cliente en un procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Penal nº 2 de Móstoles por un delito contra la salud pública y otro de integración en grupo criminal.

La acusación se enmarcaba en una investigación desarrollada en Fuenlabrada sobre un grupo dedicado al tráfico de hachís, en la que se atribuía a nuestro representado una posición relevante dentro de la estructura.

Según el escrito de acusación, se le imputaban funciones relacionadas con la financiación de la operación, el alquiler y mantenimiento del local utilizado para la venta de la droga y la organización del personal encargado de dicha actividad.

La investigación había culminado con diversos registros domiciliarios y la intervención de importantes cantidades de sustancias estupefacientes. En conjunto, fueron intervenidos más de 8 kilogramos de resina de cannabis, además de dinero en efectivo y otros efectos relacionados con la actividad investigada.

La Fiscalía solicitaba más de 5 años de prisión

La situación a la que se enfrentaba nuestro cliente era especialmente delicada.

El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente 4 años y 6 meses de prisión por el delito contra la salud pública y 8 meses de prisión por el delito de integración en grupo criminal.

La petición global ascendía a 5 años y 2 meses de prisión, además de una multa de casi 150.000 euros.

La intervención de nuestra defensa permitió alcanzar un acuerdo con el Ministerio Fiscal antes de la práctica de la prueba, modificándose el escrito de acusación y evitando la celebración de un juicio oral completo.

La sentencia fue dictada in voce el mismo día de la vista y declarada firme en ese mismo acto.

El resultado fue una condena de 1 año y 6 meses de prisión por el delito contra la salud pública y 2 meses por el delito de integración en grupo criminal, es decir, 1 año y 8 meses de prisión en total.

Frente a los 5 años y 2 meses solicitados inicialmente por la Fiscalía, la condena final supuso una reducción de 3 años y 6 meses de prisión, equivalente a una reducción cercana al 70 % de la pena inicialmente solicitada.

La totalidad de la pena de prisión quedó suspendida

El resultado obtenido por la defensa fue todavía más relevante desde el punto de vista práctico.

Una vez fijada la pena, todos los letrados de la defensa solicitaron la suspensión de las penas privativas de libertad, petición que recibió informe favorable del Ministerio Fiscal. El Juzgado acordó finalmente la suspensión durante dos años de la totalidad de la pena de prisión impuesta.

De esta forma, nuestro cliente, que se enfrentaba inicialmente a una petición de 5 años y 2 meses de prisión, terminó condenado a 1 año y 8 meses, quedando suspendida la totalidad de esta pena durante dos años, condicionada a que no volviera a delinquir.

La sentencia también apreció la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas con carácter muy cualificado, al constatar que el procedimiento había permanecido paralizado durante un periodo prolongado por causas no imputables a los acusados.

Asimismo, la multa finalmente impuesta fue de 49.000 euros, frente a los casi 150.000 euros solicitados inicialmente por el Ministerio Fiscal.

El resultado final permitió, por tanto, reducir sustancialmente la pena solicitada, evitar el ingreso efectivo en prisión y poner fin al procedimiento mediante una sentencia firme dictada en el propio acto de la vista.

La importancia de una defensa penal especializada en tráfico de drogas y crimen organizado

Los procedimientos por delitos contra la salud pública, tráfico de drogas y pertenencia a grupos criminales pueden conllevar consecuencias penales especialmente graves.

Cuando la acusación atribuye al investigado un papel dentro de una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes, la estrategia de defensa debe valorar todas las circunstancias del procedimiento, la calificación jurídica de los hechos, las posibles circunstancias atenuantes y las alternativas que permitan reducir las consecuencias penales y evitar, cuando sea jurídicamente posible, el cumplimiento efectivo de una pena de prisión.

Nuestro equipo de abogados penalistas especializados en delitos contra la salud pública y crimen organizado interviene en procedimientos por tráfico de drogas y delitos relacionados ante los Juzgados y Tribunales de toda España.

Si se enfrenta a una acusación por tráfico de drogas, delito contra la salud pública o pertenencia a un grupo criminal, contacte con nuestro despacho para analizar su caso y las posibilidades de defensa.

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