Última actualización el 27 de septiembre de 2026

Nuestra defensa cuestionó mediante un análisis forense independiente la supuesta distribución del material y consiguió limitar la acusación a la posesión para uso propio

Nuestro despacho asumió la defensa de un cliente acusado de un delito de pornografía infantil del artículo 189 del Código Penal penado con hasta 5 años de prisión, en un procedimiento seguido ante los tribunales de Valencia.

La investigación se había iniciado bajo la sospecha de que se había producido una distribución de material pornográfico ilícito a través de Internet, a partir de determinados archivos y registros encontrados en un equipo informático intervenido durante la investigación. La propia resolución judicial recoge que el procedimiento tuvo su origen en la investigación de una supuesta difusión de este tipo de contenidos.

Desde el inicio, nuestra defensa consideró fundamental analizar técnicamente la evidencia digital y determinar si los registros obtenidos por Policía Judicial permitían realmente afirmar que se había producido una distribución efectiva del material.

Una investigación centrada inicialmente en la supuesta distribución

El análisis realizado durante la investigación policial había identificado determinados archivos y registros de la aplicación eMule que fueron interpretados como indicativos de una posible transferencia de material a otros usuarios.

El informe de Policía Judicial señalaba la existencia de cuatro archivos catalogados como ilícitos y consideraba que tres de ellos habían sido objeto de una denominada “compartición efectiva”.

Ante esta interpretación de la evidencia digital, nuestra defensa consideró necesario realizar un contraanálisis informático independiente, que permitiera comprobar tanto los datos contenidos en el dispositivo como las conclusiones alcanzadas por los investigadores.

Un contraanálisis informático independiente sobre la evidencia digital

Para ello, nuestra defensa recomendó encargar informe pericial informático independiente destinado específicamente a realizar un contraanálisis del material incautado y del informe técnico elaborado por Policía Judicial, con el objetivo de determinar si los datos obtenidos permitían sostener una conducta de distribución atribuible a nuestro representado.

La pericial examinó los registros históricos de eMule y realizó un análisis cuantitativo de las tasas de transferencia de los archivos que habían sido considerados relevantes para la investigación.

Los resultados fueron especialmente significativos. Respecto de los archivos identificados por Policía Judicial, las tasas de transferencia efectiva se situaban entre el 2 % y el 6 %, cantidades que, según el criterio técnico de los peritos, resultaban demasiado pequeñas para permitir la previsualización de los archivos de vídeo por parte de los usuarios que los hubieran recibido.

El análisis se amplió además a los archivos que presentaban terminología relacionada con pornografía infantil en el historial de descargas. La pericial concluyó que más de la mitad no había sido distribuida por Internet ni en un solo bit, mientras que en los restantes casos las tasas de transferencia eran, en general, muy reducidas.

La conclusión del informe fue clara: desde el punto de vista técnico, no podía considerarse que hubiera existido una distribución efectiva de material ilegal.

La acusación queda finalmente limitada a la posesión

El resultado de este trabajo tuvo una importancia decisiva para delimitar el alcance de la acusación y la responsabilidad que podía atribuirse a nuestro cliente.

El escrito finalmente presentado por el Ministerio Fiscal calificó los hechos como un delito de posesión de pornografía infantil del artículo 189.5 del Código Penal, solicitando una pena de 1 año y 10 meses de prisión. El propio escrito señalaba, además, que no constaba que los archivos hubieran sido compartidos o difundidos con otras personas.

De esta forma, frente a una investigación que inicialmente apuntaba a una posible pena de 5 años de prisión, la acusación quedó circunscrita a la posesión de material para uso propio, fuera de cualquier supuesto de distribución, que era precisamente uno de los aspectos esenciales que nuestra defensa había sometido a análisis mediante la pericial informática.

Tres meses de prisión con la pena suspendida

Finalmente, el procedimiento terminó con una condena de solo 3 meses de prisión, manteniéndose la calificación correspondiente a la posesión de pornografía infantil. La sentencia acordó además la suspensión de la ejecución de la pena durante 2 años.

De esta forma, nuestro representado no ingresó en prisión, al quedar suspendida en los términos establecidos por el órgano judicial.

Una defensa penal que incorpora la prueba informática al análisis jurídico

Los procedimientos relacionados con delitos de pornografía infantil y evidencia digital requieren una valoración conjunta de los aspectos jurídicos y técnicos del caso.

Cuando la acusación se fundamenta en archivos, registros de aplicaciones, conexiones o supuestas transferencias de información, resulta esencial determinar qué significan realmente esos datos y si permiten extraer las conclusiones que sostiene la investigación.

En este caso, nuestra defensa consideró necesario acudir a una pericial informática independiente para someter a contraanálisis la evidencia digital y las conclusiones de Policía Judicial, especialmente en relación con la supuesta distribución del material.

Una defensa penal especializada debe analizar no solo la calificación jurídica de los hechos, sino también la forma en que se ha obtenido, interpretado y valorado la evidencia informática, especialmente cuando de ella depende determinar si existió una conducta de distribución o una mera posesión.

Nuestro equipo de abogados penalistas especializados en delitos relacionados con pornografía infantil y prueba digital interviene en procedimientos en los que la evidencia informática constituye un elemento esencial de la acusación.

Ante un procedimiento por posesión o distribución de pornografía infantil, resulta esencial analizar con detalle la prueba digital y su alcance. Contacte con nuestro despacho para valorar las opciones de defensa en su caso.

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