Despacho de Abogados Penitenciarios en Barcelona

El artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46.5 del Reglamento Penitenciario, autoriza la intervención de las comunicaciones ordinarias de los internos cuando exista una causa legítima que lo justifique, como razones de seguridad, interés del tratamiento o del buen funcionamiento del centro penitenciario.

Dicha intervención debe cumplir ciertos requisitos: una motivación suficiente que la justifique, la obligación de ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial competente, la notificación al interno afectado y la fijación de un plazo limitado para su aplicación. Estos principios han sido respaldados por el Tribunal Constitucional en sentencias como la 128/1997 de 14 de julio y la 175/2000 de 26 de junio, entre otras.

Es competencia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ejercer el control sobre las actuaciones de la Administración penitenciaria, en lo que respecta a la protección y garantía de los derechos de los internos que se encuentren bajo su supervisión.

En particular, le corresponde resolver las solicitudes o quejas que los internos presenten en relación con su régimen y tratamiento penitenciario.

A raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, la libertad condicional adquiere la condición de una forma específica de suspensión de la ejecución de la pena de prisión.

Como consecuencia principal de esta modificación, en caso de revocación de dicha medida, el tiempo que el penado haya permanecido en libertad condicional no se computará como parte de la pena ya cumplida (Artículo 90.6 del Código Penal), debiendo cumplirse íntegramente como tiempo pendiente de ejecución.

Así es que, esta reforma alteró la naturaleza jurídica de la libertad condicional, que hasta entonces era considerada la fase final en el cumplimiento de la pena privativa de libertad, según el sistema de individualización científica previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria, en el cual la libertad condicional constituía el tercer y último grado de cumplimiento (Artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria).

En la redacción anterior del Artículo 93.1 del Código Penal, revocada la libertad condicional, el recluso debía reingresar en prisión, pero conservaba el derecho al cómputo del tiempo pasado en dicha situación.

De lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y en los artículos 154 y 156 de su Reglamento, se desprende que los permisos de salida tienen como finalidad facilitar la preparación del interno para la vida en libertad.

Para su concesión, es imprescindible que se cumplan determinados requisitos generales:

• haber cumplido al menos una cuarta parte de la pena impuesta
• no presentar una conducta inadecuada, y
• estar clasificado en segundo o tercer grado de tratamiento penitenciario

No obstante, incluso cuando se verifiquen estos requisitos, la autorización del permiso puede ser denegada si existe una valoración razonada de que podría producirse un quebrantamiento de condena, reincidencia delictiva o un efecto perjudicial en el proceso de reinserción o en el desarrollo del programa de tratamiento.

El Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES) constituye una base de datos de carácter administrativo, creada con el propósito de centralizar información relevante sobre ciertos grupos de internos que, bien por la gravedad de su historial delictivo o por su conducta penitenciaria, son considerados de elevada peligrosidad, o bien requieren medidas especiales de protección.

Este fichero contiene datos vinculados a la situación penal, procesal y penitenciaria de los internos, y actúa como una extensión del expediente penitenciario personal. Su función es facilitar el acceso ágil y eficaz a la información, sin que ello implique prejuzgar su clasificación penitenciaria, restringir su derecho al tratamiento individualizado ni modificar el régimen de vida que les corresponda conforme a la normativa vigente.

En consecuencia, el FIES se configura como una herramienta administrativa al servicio de la Administración Penitenciaria, destinada a garantizar la seguridad institucional y el cumplimiento de las funciones que legalmente tiene encomendadas, mediante la recepción, gestión y procesamiento de información sensible y estratégica.

Tras el ingreso en un centro penitenciario, se realiza un estudio individualizado del interno con el objetivo de determinar su clasificación inicial dentro del sistema de cumplimiento de penas. Esta clasificación se materializa mediante la asignación a uno de los tres grados penitenciarios, que definen el régimen de vida y el nivel de control al que estará sometido el penado, así como los derechos y actividades a los que podrá acceder.

Los grados de clasificación penitenciaria son los siguientes:

• Primer grado o régimen cerrado: Reservado para reclusos considerados peligrosos en atención a la gravedad de los delitos cometidos, intentos de fuga o mala conducta en prisión. El régimen cerrado implica un elevado nivel de control y restricciones. En este grado, no se conceden permisos de salida.
• Segundo grado o régimen ordinario: Aplica a la mayoría de los presos, que no presentan un perfil de peligrosidad elevado. Este régimen permite el acceso a visitas familiares y de amigos, la participación en actividades laborales, educativas o formativas, y la posibilidad de solicitar permisos como preparación para su futura reinserción social.
• Tercer grado o régimen abierto: Concedido a aquellos que han demostrado una evolución positiva y buen comportamiento. En este grado, el penado puede pasar el día fuera del centro penitenciario, regresando únicamente a dormir (régimen de semilibertad). Requiere un control más flexible y va orientado a la plena reincorporación a la vida en libertad.