Abogados agresiones sexuales

En este delito, se entiende que atentar contra la libertad sexual, conlleva la existencia de contacto corporal entre los sujetos involucrados. En tal sentido, es indispensable conocer, que ese contacto ha de tener carácter sexual.

Esta última aclaración, no admite debate cuando en ese contacto participa un órgano genital, pero quedará sujeta a consideración cuando se trate de otro tipo de interacción, como pueden ser un beso o un tocamiento en otra parte del cuerpo.

En esos casos, el significado sexual dependerá del contexto y las circunstancias, debiendo siempre comprobarse una cierta gravedad, que afecte la sexualidad de la víctima.

En lo que hoy representa jurídicamente una agresión sexual, la ausencia de consentimiento por parte de la víctima es un requisito esencial. Esa condición, puede darse porque exista una negativa a participar, por un vicio del consentimiento, o si este fuera imposible de prestar.

A pesar de estas consideraciones, tenemos que saber que en el Artículo 178.1, el Legislador introdujo su definición, donde nos dice que “se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.

Pero a pesar de contar con un concepto jurídico expreso, nos encontramos ante una cuestión compleja. Y esto sucede, porque no solo se trata de un elemento difícil de probar, sino que es dinámico, al poder verse alterado, dar lugar a malos entendidos, o prestarse y dejar de hacerlo durante un mismo acto, cuestiones todas ellas que dificultan la tarea del Juez o Tribunal, a la hora de valorar los hechos y aplicar la norma.

Una prueba de cargo, es aquella que va encaminada a acreditar directa o indirectamente la existencia del delito y/o la responsabilidad penal del procesado. El peso de la declaración de la víctima como única prueba de cargo, es una cuestión discutida entre los juristas y la sociedad en general.

En este sentido, la doctrina jurisprudencial viene manteniendo que: “…la declaración de la víctima, practicada normalmente en el acto del juicio oral, con las necesarias garantías procesales, puede erigirse en prueba de cargo y que, en consecuencia, la convicción judicial sobre los hechos del caso puede basarse en ella…”

Por lo expuesto, vemos que sí es posible que una sentencia se base exclusivamente en la declaración de la víctima. Pero esto sucederá, solo si la valoración del testimonio ha sido realizada con la diligencia e interés suficientes. Esto implica la necesidad de una fundamentación que vaya mucho más allá de la mera percepción de que el testigo dice o no la verdad.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los criterios a aplicar a la hora de analizar esta prueba, se basan en la valoración de los siguientes factores:

• Su credibilidad subjetiva, que exige el análisis de las características físicas o psíquicas del testigo (discapacidades sensoriales o psíquicas, ceguera, sordera, trastorno mental, etc…), que sin anular el testimonio, lo debilitan, y también obliga al análisis de posibles motivaciones espurias, lo que conlleva el examen del entorno personal y social, que constituye el contexto en el que se desarrollaron las relaciones entre el acusado y la víctima, cuyo testimonio es el principal basamento de la acusación, para constatar si la declaración inculpatoria se ha podido prestar por móviles de resentimiento, venganza o enemistad u otra intención espuria, que pueda enturbiar su credibilidad
• Su credibilidad objetiva o verosimilitud del testimonio, que según las pautas jurisprudenciales debe estar basada en la lógica de la declaración (coherencia interna) y en el suplementario apoyo de datos objetivos de corroboración de carácter periférico (coherencia externa). La coherencia interna se caracteriza fundamentalmente por la ausencia de contradicciones y elementos fácticos escasamente verosímiles, y
• La persistencia en la incriminación, que supone, la ausencia de modificaciones esenciales en las sucesivas declaraciones prestadas por la víctima, la concreción en la declaración, sin ambigüedades, generalidades o vaguedades y la ausencia de contradicciones entre las sucesivas versiones que se ofrecen a lo largo del procedimiento

Antes de la reforma practicada mediante la LO 10/2022, el elemento que caracterizaba a los delitos de agresión sexual, era que los actos debían llevarse a cabo utilizando violencia o intimidación.

Y es justamente esta última, la circunstancia que diferenciaba a este tipo penal del de abuso, infracción que integraba hasta entonces el mismo Título del Código Penal, y que constituía un ataque menos grave contra la libertad sexual.

Si embargo, tenemos que saber, que las conductas que castigaba la figura del abuso sexual, no han sido despenalizadas, sino que se han integrado dentro del nuevo delito de agresión, como un subtipo atenuado (Art. 178.4).

Y que tras la entrada en vigor de la LO 4/2023, la “antigua” figura de la agresión sexual, se incorporó como un tipo cualificado (Art. 178.3), por lo que existen posturas que consideran que de alguna forma se acabó regresando al modelo anterior.

El Código Penal trata de igual forma que a las relaciones no consentidas, a aquellas en las que el sujeto activo obtenga el consentimiento de la víctima en base a una relación o situación de superioridad respecto de esta.

La superioridad deberá ser relevante como para determinar la prestación del consentimiento por parte del sujeto pasivo. Ejemplo de este supuesto es la relación entre un jefe y un empleado, que preste su consentimiento motivado por el temor a perder su trabajo.

Si bien existirá consentimiento, este se encontrará “viciado” por la forma en la que se obtiene. Esto lleva al Legislador, a asimilarlo al delito que estamos analizando y a asignarle incluso una pena mayor que la prevista para el tipo básico.