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Delito de abuso sexual a menor de 16 años

STS 329/2024 de 18 de abril

Delito de abuso sexual a menor de 16 años

El error de prohibición

El principio «ignorantia iuris non excusat» | Jurisprudencia


 

En su Sentencia STS 329/2024 de 18 de abril, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, aborda un caso en el que se alega que es objetable la valoración de la prueba que hace la Audiencia Provincial, confirmada por la Sala de lo Penal del TSJ desde la perspectiva de la necesaria racionalidad y congruencia que debe requerirse para configurarla como prueba de cargo que permita la inferencia lógica necesaria para acreditarla culpabilidad del condenado, y discrepa que en esa valoración, frente a la alegación por parte de la defensa de que concurriría el error del art. 14 CP, concluyera la Sala en la existencia de dolo en su conducta, pues no consideró que, por tratarse de una persona discapacitada, su experiencia vital puede ser distinta al resto del común de las personas y da por supuesto un conocimiento de los tipos penales sin considerar los valores límite de su intelecto. Del resto de alegaciones que se van haciendo en el motivo, destacaremos, en la medida que apunta en línea del error que se alega, la que dice que «se supone un plus de conocimiento jurídico al condenado sobre los profesionales que habitualmente tienen que aplicar e invocar esta legislación».

La sentencia recurrida dedica al error su tercer fundamento y lo hace con unos argumentos a los que nos remitimos, y una gran precisión cuando entra en la diferenciación no siempre fácil entre el error de tipo y el de prohibición.

En el motivo, aunque no se menciona el error al que se refiere, tal como se desarrolla, en la medida que pone en cuestión el conocimiento de la antijuridicidad del hecho, de la norma que lo prohíbe, parece estar refiriéndose al error de prohibición, sobre cuyo tratamiento podemos traer lo que decíamos en STS 890/2022, de 11 de noviembre de 2022, a la que nos remitimos, y de la que extraemos los pasajes que consideramos que mejor ayudan a comprender el sentido de nuestra decisión. Por un lado, cuando dice:

«Del mismo modo, han dicho las SSTS 411/2006, de 18-4, 1287/2003, de 10-10, que para sancionar un acto delictivo el conocimiento de la ilicitud del hecho no tiene que ser preciso en el sentido de conocer concretamente la gravedad con el que el comportamiento realizado es sancionado por la Ley. Los ciudadanos no son ordinariamente expertos en las normas jurídicas sino legos en esta materia, razón por la que se requiere para la punición de la conducta antijurídica lo que se ha denominado doctrinalmente «conocimiento paralelo en la esfera del profano sobre la ilicitud de la conducta que se realiza».

Ello determina que sea penalmente irrelevante el error de subsunción, es decir, el error sobre la concreta calificación o valoración jurídica de la conducta realizada, y que únicamente concurra error de prohibición en el sentido del artículo 14.3 CP cuando el agente crea que la conducta que subsume erróneamente sea lícita,al no estar sancionada por norma alguna. Si conoce su sanción penal no existe error jurídicamente relevante aun cuando concurra error sobre la subsunción técnico- jurídica correcta».
 

el error de prohibición

El error de prohibición

 

Y más adelante cuando añade:

«[…] en el caso de error iuris o error de prohibición, impera el principio «ignorantia iuris non excusat», y que cuando el error se proclama respecto de normas fundamentales en el Derecho Penal, no resulta verosímil y por tanto admisible, la invocación de dicho error, no siendo posible conjeturar la concurrencia de errores de prohibición en infracciones de carácter material o elemental, cuya ilicitud es «notoriamente evidente y de comprensión y constancia generalizada» (STS 12 de noviembre de 1986, 26 de mayo de 1987)».

Como vemos, la jurisprudencia no identifica el error de prohibición con la ignorancia de subsunción en una concreta norma penal, sino que para su exclusión basta con el conocimiento que pude tener cualquier profano sobre normas penales de difusión general, como son las que se encuentran en el Código Penal, que no debemos olvidar que, como en la Exposición de Motivos del de 1995 se puede leer «no sin razón, se ha considerado como una especie de «Constitución negativa». El Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social».

Y en esa línea se mueve la sentencia recurrida, que, a diferencia de lo que se alega en el motivo, no está dando por supuesto que el condenado tuviera un conocimiento de concretos tipos penales, o un plus de conocimiento superior al que pueda exigirse a profesionales del derecho, sino que explica que su valoración la hace desde consideraciones en torno al hombre medio y profano, y tratándose de una conducta cuya ilicitud es de común conocimiento.

Y todo ello lo hace teniendo en cuenta las características personales del condenado, sobre lo que también se detiene, cuando valida la valoración que sobre su capacidad realiza la sentencia de instancia, en la parte que ésta «explica que no resulta que el acusado ignorara que estaba cometiendo un delito, ni la ilicitud de su conducta, y actuó «con auténtico dolo», conocimiento de la actuación ilícita excluyente del error«, lo que ratifica,no obstante esas limitaciones de capacidad que alega la defensa, en base a la prueba practicada, entre la que se encuentran los informes periciales, que son considerados categóricos en reconocer que el condenado no presentaba ningún trastorno que afecte a su capacidad de conocer y comprender las conductas que son lícitas y las que no lo son o a su voluntad para actuar conforme a dicha comprensión…«DESCARGAR SENTENCIA COMPLETA»
 


Palladino Pellón – Abogados Penalistas | El error de prohibición