Abogados falsedad documental

Abogados penalistas especializados en delitos de falsedad documental

El análisis de los delitos de falsedad documental exige, como punto de partida, definir con precisión el concepto jurídico de «documento». A este respecto, el artículo 26 del Código Penal establece que: “A los efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica”.

El tratamiento penal de estas conductas varía en función del documento afectado, por lo que resulta imprescindible dominar sus distintas clases y particularidades. En tal sentido, es importante conocer que con carácter general podemos distinguir entre documentos públicos u oficiales, privados y mercantiles.

Más allá de esta primera clasificación, como abogados expertos en falsedad documental, sabemos que la gravedad de estos delitos dependerá no solo del tipo de documento y sus características, sino también de la modalidad de falsificación llevada a cabo y de la condición del autor.

¿Qué conductas son consideradas falsedad documental?

Comenzamos señalando que nos encontramos ante una materia compleja, que exige valorar no solo las características del documento implicado, sino también el tipo de falsificación y la condición de la persona que la realiza. Por ello, el Legislador aplica y modula la pena, atendiendo no solo al instrumento utilizado, sino también a la naturaleza jurídica de la acción y de su autor.

En cuanto a las conductas que se consideran constitutivas de falsedad, el artículo 390 del Código Penal persigue a quien:

• Altere un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial
• Simule un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad
• Suponga en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuya a las que han intervenido en él, declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho
• Falte a la verdad en la narración de los hechos

Y como veremos a continuación, a lo largo de todo el Capítulo se advierte que la pena se modula en función de la condición del sujeto activo que incurre en el delito.

Falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles

Documentos públicos u oficiales

El artículo 1216 del Código Civil, determina que: “Son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley” (Notariales, Judiciales y Administrativos). (Pej: El documento de identidad o la matrícula del coche)

La falsificación de documentos públicos u oficiales se encuentra regulada en los artículos 390 a 394 del Código Penal y puede ser cometida tanto por funcionarios como por particulares.

Si el autor es un funcionario o autoridad pública y actúa de forma dolosa, la pena será de prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación de 2 a 6 años.

Y si el mismo sujeto comete el delito con imprudencia grave, se le impondrá una multa de 6 a 12 meses y suspensión del cargo de 6 meses a 1 año.

Pero en el caso de los particulares, la pena de prisión prevista es menor, ya que el Legislador la establece en 6 meses a 3 años de privación de la libertad y multa de 6 a 12 meses.

Documentos mercantiles

Se encuentran en la órbita del Código de Comercio y de las demás leyes mercantiles. Aunque su naturaleza es privada, su relevancia en el tráfico jurídico lleva al Legislador, en el ámbito penal, a equipararlos a los documentos públicos, asignándoles las mismas penas mencionadas anteriormente.

También les resulta aplicable la distinción entre si el autor es una autoridad o funcionario público, en cuyo caso rige el Artículo 390, o un particular, al que se le impone una pena menor conforme al Artículo 392 del Código Penal.

Su mero uso, recibe como castigo la pena inferior en grado, respecto de la prevista para quien haya realizado la falsificación (Siempre que el documento se haya presentado en un juicio o se haya utilizado para perjudicar a un tercero).

Falsificación de documentos privados

Son todos aquellos que no se encuentran comprendidos, ni en la categoría de documentos públicos u oficiales, ni en la de los de naturaleza mercantil. (Pej: Un contrato de arrendamiento o la fotocopia de un documento de identidad que aunque tenga un origen público, solo se considera dentro de esa clase si fue previamente autenticada)

La falsificación de este tipo de documentos solo se castiga cuando se realiza con la finalidad de perjudicar a otro, con una pena de prisión de seis meses a dos años.

Y su simple uso recibe el mismo tratamiento que hemos descrito en el punto anterior (Aplicación de la pena inferior en grado).

Otras figuras que reciben un tratamiento específico

Dentro de este mismo capítulo del Código Penal se tipifica de forma particular la falsificación de:

• Despachos transmitidos por servicios de telecomunicación (Art 394 y siguientes. Pej: Un telegrama)
• Certificados (Art 397 y siguientes. Pej: Un certificado médico)
• Tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (Art 399 bis)

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