Delitos contra la seguridad colectiva

Los delitos que atentan contra la seguridad colectiva recogidos en el TÍTULO XVII del Código Penal son los siguientes:

• Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
• Estragos
• Otros delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes
• Delitos de incendio
• Delitos contra la salud pública, y
• Delitos contra la seguridad vial

Los delitos de lesión se caracterizan por la existencia de un daño real sobre el bien jurídico, mientras que en los delitos de peligro los hechos suponen una amenaza más o menos intensa sobre el mismo.

Así es que, mientras que el concepto de lesión refiere a una consecuencia material, el de peligrosidad se orienta más bien al de la probabilidad de que un bien jurídico sea lesionado.

El denominado como principio de lesividad, establece que el Derecho penal solo ha de intervenir frente a amenazas de lesión o de peligro, que hayan dañado o amenacen bienes jurídicos concretos.

Esta regla determina, que una conducta que afecte intereses que den lugar a un nuevo bien jurídico, fundamenta la necesidad de perseguirla con un nuevo tipo penal.

Por lo tanto, el desarrollo del concepto de lo que conocemos hoy como intereses de naturaleza difusa o colectiva, es la base de los tipos penales que tutelan estos “nuevos” bienes jurídicos.

Juzgar la peligrosidad es responsabilidad del juez, quien considerando todas las circunstancias del caso concreto, del autor y de la acción, deberá concluir sobre la probabilidad de resultado lesivo.

Es importante saber, que desde el punto de vista jurídico-penal, la doctrina entiende la probabilidad en términos normativos, es decir que su base no es matemática o estadística. Y que el juicio de peligro, representa un juicio de previsibilidad objetiva que se alcanza “ex ante”, expresión latina que significa “antes del suceso”.

Históricamente la teoría general del derecho se ha construido sobre la base de los derechos individuales. Sin embargo, en la actualidad, encontramos lo que jurídicamente se ha denominado como bienes jurídicos supraindividuales, los cuales aluden a la protección de intereses difusos o colectivos, y que por tanto trascienden la esfera de lo individual (Pej: el medio ambiente)

La doctrina considera que para que exista un delito de peligro concreto, el bien jurídico debe haber sufrido un riesgo real de lesión. Es decir, que como consecuencia de la acción que se considera jurídicamente peligrosa, este se haya visto probablemente afectado, lo que supone un vínculo espacio-temporal con la fuente de dicho riesgo.