Antijuridicidad y Delito
Adecuación al tipo penal, lesión al bien jurídico y ausencia de justificación legal
¿Qué es la antijuridicidad como elemento del delito?
La Antijuridicidad es un elemento del delito cuya presencia es necesaria para que este sea relevante o trascendente en el plano legal. Es por ello que decimos que una acción u omisión típica debe ser antijurídica.
Denominamos como antijurídica aquella conducta que es ilícita o contraria a derecho y esa condición junto con la tipicidad nos permite determinar que estamos ante una infracción penal dando paso a una pena o medida de seguridad en consecuencia.
Diferencia entre antijuridicidad formal y material
Es importante saber, que es posible establecer una distinción entre la antijuridicidad en un sentido formal y material.
Desde una perspectiva clásica, se entiende por antijuridicidad formal, a aquella que infringe expresamente una norma legal, mientras que la antijuridicidad material se refiere a comportamientos que resultan lesivos o peligrosos para el orden social que el Derecho busca salvaguardar.
No obstante, una conducta que solo resulta materialmente antijurídica, sin estar también contemplada como tal por el ordenamiento jurídico, carece de relevancia dentro del ámbito del Derecho penal.
Aun así, la dimensión material de la antijuridicidad justifica la existencia de la formal, en tanto que una acción debe ser legalmente prohibida precisamente porque afecta negativamente a un bien jurídico tutelado.
La antijuridicidad formal se configura cuando una conducta típica resulta contraria al ordenamiento jurídico, es decir, que no está amparada por una causa de justificación válida, como podría ser el caso de la legítima defensa.
En este sentido, la antijuridicidad formal consiste en la contradicción entre un determinado hecho y el Derecho positivo.
Por su parte, la antijuridicidad material implica que una conducta no solo viola una norma vigente —lo que satisface el principio de legalidad—, sino que, además, daña o pone en riesgo un bien jurídico que el Legislador entiende que merece protección por parte del sistema legal.
