Abogados impago de pensiones

Sí. El impago de la pensión de alimentos puede constituir un delito de abandono de familia cuando se cumplen los requisitos del artículo 227 del Código Penal. En concreto, este precepto castiga el impago durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos de cualquier prestación económica establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en favor del cónyuge o de los hijos.

El artículo 227.1 del Código Penal establece para este delito una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses. Por tanto, la posibilidad de una pena de prisión existe, aunque el resultado de un procedimiento concreto dependerá de sus circunstancias.

Además, para determinar si existe responsabilidad penal no basta con comprobar que existen cantidades impagadas. Es necesario analizar las circunstancias concretas del incumplimiento, incluida la situación económica del obligado al pago y las razones por las que dejó de abonar la pensión.

La falta de trabajo o de ingresos no elimina automáticamente la obligación de pagar la pensión, pero puede ser un elemento relevante para valorar si el impago puede dar lugar a responsabilidad penal.

En un procedimiento por impago de pensiones es importante determinar cuál era realmente la capacidad económica del obligado al pago durante el periodo en que se produjeron los impagos. No es lo mismo dejar de pagar voluntariamente pudiendo hacerlo que encontrarse en una situación económica que haga objetivamente imposible cumplir con la obligación.

Por ello, si se ha producido una pérdida de empleo, una reducción importante de ingresos o cualquier otra circunstancia que afecte a la capacidad de pago, es importante acreditar documentalmente esa situación y analizarla jurídicamente.

Además, si la situación económica ha cambiado de forma relevante y la pensión establecida judicialmente ya no puede afrontarse, puede ser necesario valorar la posibilidad de solicitar una modificación de medidas. Esta cuestión debe diferenciarse de la responsabilidad penal por las cantidades que ya hayan quedado impagadas.

El impago de pensiones del artículo 227 del Código Penal es un supuesto específico del delito de abandono de familia.

El artículo 226 del Código Penal castiga, con carácter general, el incumplimiento de determinados deberes legales de asistencia y de las obligaciones de sustento respecto de descendientes, ascendientes o cónyuge que se encuentren necesitados. El artículo 227 regula específicamente el impago de prestaciones económicas establecidas judicialmente o mediante convenio judicialmente aprobado en favor del cónyuge o de los hijos.

Por tanto, el abandono de familia del artículo 226 puede comprender conductas y situaciones distintas del impago de una pensión de alimentos, mientras que el artículo 227 se refiere específicamente al incumplimiento de determinadas prestaciones económicas en favor del cónyuge o de los hijos. Para determinar qué delito puede existir, es necesario analizar la obligación incumplida y las circunstancias concretas del caso.

Para preparar la defensa en un procedimiento por impago de pensiones, es necesario analizar tanto la existencia de la obligación de pago como las circunstancias que explican los impagos.

Entre la documentación que puede resultar relevante se encuentra:

• La sentencia, auto o convenio judicialmente aprobado que establece la pensión
• Los justificantes de los pagos realizados
• Los movimientos de la cuenta bancaria en la que debían realizarse los pagos
• Documentación sobre ingresos, nóminas, prestaciones o situación laboral
• Información que permita acreditar una reducción o ausencia de ingresos
• Comunicaciones relacionadas con los pagos o con las dificultades económicas
• Documentación que permita acreditar otras circunstancias relevantes para explicar el incumplimiento

No existe una lista de documentos válida para todos los casos. La prueba necesaria dependerá de la situación concreta y de la cuestión que deba acreditarse, especialmente cuando la defensa se basa en la imposibilidad real de hacer frente a la pensión.

Depende de qué vía se utilice para exigir las cantidades pendientes.

Desde el punto de vista civil, el artículo 1966.1.ª del Código Civil establece un plazo de cinco años para exigir el pago de las pensiones alimenticias. Por tanto, no conviene dejar transcurrir el tiempo sin reclamar las cantidades adeudadas.

La vía penal es diferente. El impago de la pensión puede constituir el delito previsto en el artículo 227 del Código Penal cuando se cumplen sus requisitos, pero la responsabilidad penal está sometida a sus propias reglas de prescripción.

Por ello, cuando existen varias mensualidades pendientes, es importante determinar qué cantidades pueden exigirse, desde cuándo y mediante qué procedimiento, ya que la reclamación civil de la deuda y la posible responsabilidad penal no son exactamente lo mismo.

Si el otro progenitor deja de pagar la pensión de alimentos establecida judicialmente, puedes reclamar las cantidades pendientes por la vía legal correspondiente. Dependiendo de las circunstancias, puede plantearse una reclamación en vía civil y, si concurren los requisitos del artículo 227 del Código Penal, también puede existir responsabilidad penal por el impago.

Para valorar esta última posibilidad, el artículo 227 exige que se haya dejado de pagar la prestación durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos. Además, los delitos de abandono de familia de los artículos 226 y 227 se persiguen, con carácter general, previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, conforme al artículo 228 del Código Penal.

Es importante conservar la sentencia o resolución que establece la pensión y los justificantes que permitan acreditar los pagos realizados y las cantidades pendientes.

La vía más adecuada dependerá de las circunstancias del caso, por lo que conviene analizar la deuda existente, el tiempo que lleva produciéndose el impago y la situación económica del obligado antes de decidir cómo proceder.