Abogados juicios de menores

Abogados procesalistas especializados en juicios de menores de edad

En nuestro país se aplica un modelo educativo-sancionador para responder a los hechos delictivos cometidos por personas de entre 14 y 18 años. Este sistema tiene como finalidad intervenir de forma concreta, atendiendo a la necesidad de una respuesta político-criminal, pero evitando su exposición a las consecuencias e instituciones represivas propias del sistema penal de los adultos.

Para ello existe una normativa específica que regula tanto las  medidas aplicables por los Juzgados de Menores como el desarrollo de este procedimiento penal especial, en el que las funciones del Ministerio Fiscal presentan particularidades relevantes respecto del proceso ordinario.

Ante este tipo de casos, el apoyo de un abogado especializado en derecho penal del  menor es esencial. Su singularidad, el enfoque educativo de las medidas y las particularidades procesales exigen una intervención técnica experta, capaz de diseñar una estrategia adecuada que proteja sus derechos y le oriente hacia la mejor resolución posible.

A qué edad se puede juzgar a un menor y qué consecuencias legales tiene

La responsabilidad penal de las personas y, por tanto, su capacidad para ser juzgadas por la comisión de un delito comienza a partir de los 14 años.

En este sentido, el Artículo 1.1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, establece que su finalidad es regular la forma en la que se exigirá responsabilidad a quienes tengan entre 14 y de 18 años por la comisión de hechos tipificados como delitos en el Código Penal o en las leyes penales especiales.

Esta norma y su aplicación se encuentran bajo el marco de la Constitución Española, de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, así como de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989.

Esta legislación prevé un régimen especial tanto para la instrucción y el enjuiciamiento, como para la sentencia y los recursos, así como para la aplicación y duración de las medidas, con un enfoque educativo además de sancionador.

Por todo ello, aunque los hechos que se juzgan son los tipificados en el Código Penal aplicable a los adultos, en estos casos las consecuencias se rigen por una normativa especial. De este modo, sin dejar el delito impune, se establece un tratamiento específico y adaptado a la edad del responsable.

Qué medidas puede imponer el Juez

En el caso de los menores, las consecuencias que puede imponer el Juez como respuesta a su responsabilidad penal se denominan “medidas”, se encuentran recogidas en el Artículo 7 de la ley, y son las siguientes:

• Internamiento en régimen cerrado
• Internamiento en régimen semiabierto
• Internamiento en régimen abierto
• Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto
• Tratamiento ambulatorio
• Asistencia a un centro de día
• Permanencia de fin de semana
• Libertad vigilada
• La prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez
• Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo
• Prestaciones en beneficio de la comunidad
• Realización de tareas socio-educativas
• Amonestación
• Privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas
• Inhabilitación absoluta

Quién paga las indemnizaciones económicas

Una duda frecuente cuando en un delito se encuentra implicado un menor, es quién debe hacerse cargo del pago de la posible indemnización derivada del proceso penal.

Esta cuestión surge porque, por lo general, el menor responsable carece de capacidad económica para afrontar dicha obligación, por lo que el perjudicado puede dirigir su reclamación contra quienes tenían su responsabilidad en ese momento.

A este respecto, la ley establece que, como regla general, responden solidariamente por los daños y perjuicios causados, y por este orden, sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho.

No obstante, es importante tener en cuenta que, si estas personas no han contribuido de forma dolosa o negligente a la producción del daño, el juez podrá moderar su responsabilidad en función de las circunstancias del caso.

Asimismo, si existiera un seguro vigente en el momento de los hechos, la compañía aseguradora deberá responder hasta el límite de la cobertura contratada, sin perjuicio de su derecho de repetición contra quien corresponda.

Por último, en caso de que exista responsabilidad de una autoridad o de personal al servicio de la Administración Pública, esta responderá conforme a lo previsto en el Artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

¿Puede un menor de edad tener antecedentes penales?

Sí, pero no en el mismo sentido que los adultos.

Cuando una persona mayor de edad comete un delito, sus antecedentes penales se inscriben en el “Registro Central de Penados”. Sin embargo, en el caso de los menores, no se generan “antecedentes penales” como tal, sino que las condenas se anotan en un registro específico.

Las resoluciones firmes dictadas por los Juzgados y Tribunales conforme a la Ley Orgánica 5/2000 se inscriben en el “Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores”, donde también pueden constar medidas cautelares u otras resoluciones del procedimiento.

Estas anotaciones no aparecen en el certificado de antecedentes penales ordinario, que es el que se solicita habitualmente. No obstante, sí pueden figurar en el certificado de delitos de naturaleza sexual, exigido para trabajos o actividades que impliquen contacto con niños.

Además, la ley prevé su cancelación automática: una vez que la persona alcanza la mayoría de edad, deben transcurrir diez años —siempre que las medidas impuestas se hayan cumplido o hayan prescrito— para que dichas inscripciones se eliminen de oficio.

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