Abogados fraude fiscal

Abogados penalistas especializados en delitos de fraude fiscal

Abordar la normativa y funcionamiento del delito de fraude fiscal, requiere comenzar por determinar su bien jurídico protegido, que en este caso es la funcionalidad de la Hacienda Pública, la cual puede verse afectada o lesionada en sus ingresos (Recaudación tributaria)

El fraude fiscal se produce cuando una persona o empresa deja de pagar impuestos de forma intencionada, oculta ingresos o utiliza mecanismos para reducir indebidamente su carga tributaria, superando los límites establecidos en el Código Penal. No se trata de simples errores administrativos, sino de conductas realizadas con voluntad de engañar a la Administración.

Estas conductas están castigadas con importantes penas de prisión y multa. Por ello, nuestra recomendación ante una situación como esta, es consultar sin demora a un bufete de abogados especialistas en delitos contra la Hacienda Pública, que le ofrezca el respaldo y la confianza que su caso necesita.

¿Qué es el delito fiscal?

El delito de fraude fiscal, se enmarca en el ámbito de una relación tributaria existente, entre quien esta obligado a hacer frente a dicho tributo y la hacienda pública.

La acción típica, es la defraudación o incumplimiento de las obligaciones tributarias, a través de:

• eludir el pago de un determinado tributo
• defraudar cantidades retenidas o que se hubieran debido retener
• eludir el pago de ingresos a cuenta
• obtener indebidamente devoluciones
• disfrutar indebidamente de un beneficio fiscal

Cabe también el alcance del reproche penal, a las figuras de participación, como es el caso del cooperador necesario o el cómplice.

Este tipo penal, admite la acción y la omisión como conductas punibles, siendo necesario en la omisión, que esta sea fraudulenta, debiendo el juzgador diferenciarla de un mero olvido por parte de quien tiene la obligación tributaria.

El Legislador establece una cuantía, que debe exceder de los 120.000 euros, para considerar alcanzada penalmente esa acción u omisión, ya sea sobre el monto eludido o la devolución o beneficio fiscal obtenidos.

Penas por delitos contra hacienda

Tipo básico

Pena de prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al séxtuplo de la cantidad defraudada.

Asimismo, conlleva la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como del derecho a disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de 3 a 6  años.

Tipo atenuado

Podrá imponerse la pena inferior en uno o dos grados cuando, dentro de los dos meses siguientes a la citación judicial como imputado, el obligado tributario satisfaga la deuda y reconozca los hechos.

Asimismo, procederá la atenuación cuando otros partícipes en el delito colaboren activamente con la justicia, aportando pruebas relevantes para el esclarecimiento de los hechos o la identificación de otros responsables.

Cuándo el fraude fiscal puede implicar penas más altas

El artículo 305 bis del Código Penal castiga estos actos con penas agravadas en los siguientes casos:

• La cuantía defraudada exceda los 600.000 euros
• Los hechos se produzcan en el seno de una organización o grupo criminal
• Se utilicen personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculten o dificulten la determinación de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o de su patrimonio

En estos supuestos corresponderá la pena de prisión de 2 a 6 años, multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de 4 a 8 años.

Cómo evitar la pena de prisión por delito fiscal mediante la regularización tributaria

La ley permite evitar la pena de prisión por delito fiscal si el contribuyente regulariza voluntariamente su situación antes de que se inicie una actuación formal en su contra.

Se entiende que existe regularización válida cuando se reconoce y paga íntegramente la deuda tributaria antes de que la Administración Tributaria notifique el inicio de un procedimiento de comprobación o investigación. Si no se ha iniciado actuación administrativa, también será válida si el pago completo se realiza antes de que comiencen actuaciones penales en sede judicial (Pej: mediante la interposición de una querella por parte del Ministerio Fiscal)

Cuando la regularización se realiza a tiempo, puede excluir la responsabilidad penal e impedir la persecución de posibles irregularidades contables o falsedades vinculadas exclusivamente a esa deuda.

En estos casos, actuar con rapidez resulta determinante para evitar consecuencias penales.

Áreas de práctica jurídica