Despacho de Abogados Penitenciarios en Valencia

El tratamiento penitenciario se define como el conjunto de acciones orientadas específicamente a la reeducación y reintegración social de las personas condenadas.

Este proceso se fundamenta en principios tales como el análisis científico de la personalidad, la elaboración de un diagnóstico, la previsión de su evolución futura, así como la individualización, complejidad, planificación y continuidad del tratamiento.

Para lograr la individualización pretendida, una vez realizada la observación del interno, se procederá a su clasificación con el fin de asignarlo al establecimiento cuyo régimen se adecúe de mejor manera al tratamiento establecido.

En aquellos casos en que, como resultado del proceso de observación y clasificación, se determine que el interno se encuentra en condiciones adecuadas, podrá ser ubicado, incluso desde el inicio, en un grado superior.

La Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha sostenido —por ejemplo, en el Auto nº 3159/2006, de 3 de julio— que las visitas íntimas tienen como finalidad mitigar, en la medida de lo posible, el aislamiento afectivo y sexual al que se encuentran sujetos los internos.

La normativa legal y reglamentaria que las regula, es lo suficientemente flexible como para permitir relaciones íntimas independientemente del sexo del visitante o del recluso, y no excluye el ejercicio actividades sexuales retribuidas.

Así se desprende claramente de lo establecido en los artículos 56 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y 45 del Reglamento Penitenciario, donde no se imponen restricciones específicas respecto a las condiciones que deben reunir los visitantes, salvo aquellas derivadas de las limitaciones generales que puede imponer el centro penitenciario para garantizar el buen orden del establecimiento.

La facultad para investigar hechos que puedan constituir delito y que tengan lugar en el interior de un establecimiento penitenciario recae en los Juzgados de Instrucción.

Corresponde, por tanto, al juez de instrucción con competencia territorial la verificación y valoración de dichos hechos.

Por su parte, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria no está habilitado para llevar a cabo este tipo de investigaciones, ya que ello excede las funciones que le atribuye el artículo 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

El adelantamiento de la libertad condicional constituye una medida de carácter penitenciario que permite anticipar su concesión a aquellos reclusos que, por sus circunstancias personales y evolución en el cumplimiento de la pena, se consideren aptos para reintegrarse a la vida en libertad.

Tanto la regulación anterior —contenida en los artículos 90.1 y 91.1 del Código Penal— como la actual, tras la modificación introducida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, establecen los siguientes requisitos esenciales para poder acceder a esta modalidad especial de libertad condicional:

• Estar clasificado en el tercer grado penitenciario
• Haber cumplido al menos dos tercios de la condena impuesta
• Mantener una conducta adecuada, lo que implica, además, haber satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, según lo previsto en los apartados 6 y 7 del artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, y
• Haber participado de forma continuada o con aprovechamiento en actividades laborales, formativas, culturales u ocupacionales

Según lo dispuesto en el artículo 157 del Reglamento Penitenciario, si antes del inicio del disfrute de un permiso ordinario o extraordinario ocurren hechos que alteren las condiciones que motivaron su concesión, la Dirección del centro penitenciario podrá suspender provisionalmente dicho permiso mediante resolución motivada.

Esta suspensión deberá ser comunicada a la autoridad administrativa o judicial competente, quien decidirá lo que proceda en relación con la situación.

La base de datos FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) contempla diferentes categorías, diseñadas en función de la naturaleza de los delitos cometidos, su impacto social, la pertenencia a organizaciones delictivas o terroristas, la peligrosidad del interno u otras circunstancias que justifican una vigilancia penitenciaria reforzada. Estas categorías se estructuran del siguiente modo:

• FIES-1 | Control Directo: agrupa a internos con un perfil altamente conflictivo y peligroso, responsables o instigadores de incidentes regimentales de especial gravedad, que hayan comprometido la vida o integridad física de otras personas.
• FIES-2 | Delincuencia Organizada: engloba a personas vinculadas a delitos cometidos en el marco de organizaciones o grupos criminales, tanto por su pertenencia como por su implicación en delitos agravados o relacionados con asociaciones ilícitas.
• FIES-3 | Bandas Armadas: se refiere a internos procesados o condenados por delitos relacionados con bandas armadas u organizaciones terroristas, así como a sus colaboradores.
• FIES-4 | Fuerzas de Seguridad y Funcionarios de Instituciones Penitenciarias: categoría reservada para internos que, antes de su ingreso en prisión, formaban parte de cuerpos policiales o del personal penitenciario, y que pueden requerir medidas especiales de protección o seguimiento.
• FIES-5 | Características Especiales: comprende a aquellos internos que, por razones diversas, precisan un seguimiento específico: historial de alta conflictividad penitenciaria, autores de delitos especialmente graves (como homicidios o agresiones sexuales que hayan generado alarma social), condenados por el Tribunal Penal Internacional o colaboradores con autoridades frente a organizaciones criminales.