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Abuso sexual

STS 881/2023 de 29 de noviembre

Abuso sexual

Prevalimiento de la situación mental de la víctima

Resultado del informe pericial psicológico practicado en el procedimiento | Jurisprudencia


 

En su Sentencia STS 881/2023 de 29 de noviembre, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aborda un caso en el que el recurrente reproduce las quejas que ya tuvo oportunidad de enarbolar en el marco de su recurso de apelación. Se alegaron entonces dos motivos de queja: error en la apreciación de las pruebas y, como consecuencia de ello, vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Establecida en la sentencia de primera instancia la existencia, al menos en una ocasión, de relaciones sexuales plenas, mantenidas entre el acusado y la víctima , vino a determinarse que el consentimiento de ésta no podía reputarse válido, siendo así constitutiva la conducta de aquél de un delito de abusos sexuales. En efecto, la sentencia ahora recurrida confirma que la víctima , tal y como se declara en el relato de hechos probados, contaba veinticuatro años de edad al tiempo de producirse los hechos y padecía «una discapacidad psíquica reconocida con carácter permanente del 43 %. Este trastorno del desarrollo intelectual situaba su edad mental en los 12 años y conllevaba entre otras cosas que fuera una persona socialmente muy ingenua, fácilmente manipulable por terceros y vulnerable al engaño a través de una falsa expectativa, todo lo cual era apreciable por cualquier persona desde la primera conversación que mantuviera con ella». Igualmente, la sentencia ahora impugnada explica cuáles son, en concreto, las fuentes de prueba que asientan, a partir de la situación referida, la conclusión relativa a que el acusado, conociendo aquélla, se aprovechó o abusó de la misma para satisfacer su propósito de acceder sexualmente a quien dichas limitaciones padecía.

En tal sentido, se pondera el resultado de las diferentes pericias obrantes en las actuaciones, –informes, debidamente ratificados en el juicio, rendidos por las expertas del Equipo de Apoyo a Víctimas con Discapacidad y pericial psicológica forense–, así como la prueba documental obrante en autos, –documentos administrativos en los que se reconoce a la víctima una discapacidad psíquica permanente del 43%–, junto a la testifical protagonizada en el juicio por diferentes personas que tuvieron oportunidad de interactuar, desde diferentes posiciones, con la víctima , –doña Pura , doña Rebeca y los agentes NUM002 y NUM003 de la Guardia Civil–. Igualmente, se pondera que, si se resolvió la práctica en instrucción de una prueba preconstituida en la que la propia la víctima dejó expresado su testimonio, fue debido, precisamente, a dichas condiciones o situación personal de la misma.

De todo ello, valorado en términos plenamente razonables y razonados por la Audiencia Provincial, con el pleno respaldo del Tribunal Superior de Justicia, vino a concluirse que la víctima padece un trastorno de desarrollo intelectual ligero, pero con incidencia significativa en sus capacidades, y que por ello «es especialmente vulnerable y necesitada de protección. En concreto y en lo atinente a este procedimiento:

  no tiene capacidad para consentir sexualmente con adultos, pues su consentimiento queda bajo el influjo del otro;

  tiene catalogados algunos roles y cree que determinados comportamientos deben llevarse a cabo porque forman parte del rol;

  no tiene intenciones dañinas;

  el elevado deseo de agradar socialmente puede condicionar sus respuestas tanto verbales como conductuales;

  es socialmente ingenua, fácilmente manipulable por terceros y vulnerable al engaño a través de una falsa expectativa.

Este trastorno es perceptible por cualquier persona, aun carente de conocimientos de tipo psicológico, desde el momento en el que se interactúa con ella, y evidente desde la primera conversación».

Profundizando en esta cuestión, se pondera en la sentencia dictada en la primera instancia el resultado del informe pericial psicológico practicado en el procedimiento, para señalar que: « la víctima presenta un retraso mental ligero o trastorno del desarrolló intelectual leve. Existe alteración en el pensamiento abstracto, de la función ejecutiva, es decir la planificación, la definición de estrategias, la determinación de prioridades y la flexibilidad cognitiva.
 

Prevalimiento de la situación mental de la víctima

Prevalimiento de la situación mental de la víctima

 

Dicha patología no le impide rememorar hechos que suponen un impacto emocional, siendo esencial en este caso que la recuperación de la memoria se realice con escaso tiempo en relación a cuando acaecieron los mismos. En este caso concreto la víctima mantiene el relato en los aspectos centrales del mismo: detalles centrales del suceso, el sitio del suceso, participantes del suceso, posición global de los cuerpos, así como verbalizar su negativa a mantener la conducta sexual, en ambas grabaciones que constan en el procedimiento. El paso del tiempo disminuirá en la cantidad de detalles que pueda aportar sobre los hechos, pero deben mantenerse los aspectos centrales del mismo, cuándo se analizan conjuntamente.

En relación a la credibilidad de la declaración de la víctima y los resultados obtenidos en la aplicación de la técnica concluimos que el testimonio tiene criterios de credibilidad».

Más en concreto, por lo que ahora interesa, dicho informe concluye que: » la víctima en relaciones en el plano sexual, no tiene capacidad para prestar el consentimiento ya que el mismo queda bajo el influjo de un tercero, mostrando dificultad para protegerse de ejecutar una conducta sexual libremente. Al mismo tiempo presenta problemas a la hora de asimilar consecuencias que se producen en una actividad sexual o planificar las mismas… En relación con su desarrollo sexual es de aprendizaje por información, no por experiencias; la víctima presenta madurez física y sexual acorde con su edad, pero no capacidad madurativa emocional para relaciones sexuales completas estables y duraderas, así como incapacidad para asimilar las consecuencias que se producen de su actividad sexual». Precisaron los expertos, y así se valora también en la sentencia impugnada que: «Lo difícil es que entienda las intenciones de terceros. El rasgo que más destaca es la confianza, porque es la que va más asociada a la ingenuidad, sería fácil hacerle creer que es la pareja de alguien, engañarla en ese sentido. La discapacidad es más factible advertirla en la interacción con ella. En una primera entrevista sí se advierte, no sólo por parte de un profesional sino por la población en general. Si se la conoce durante seis meses sería evidente…. la víctima relaciona la sexualidad con tener novio y con conceptos muy básicos de interacción entre un hombre y una mujer. Puede interactuar en el plano sexual con personas con los mismos rasgos, pero con adultos no discapaces es mucho más complejo porque es más vulnerable, y tiene mayor dificultad para planificar la relación y sus consecuencias».

En definitiva, es evidente que la víctima dispone de capacidad bastante para prestar su libre consentimiento a la realización de actividades de contenido sexual, para determinarse en este ámbito en el desarrollo libre de su personalidad. Pero lo es también que su discapacidad comporta la necesidad de protegerla respecto de conductas abusivas, desiguales y resultado del prevalimiento de su autor de las particulares características de la víctima, para dar satisfacción a sus apetencias con desprecio de los intereses y deseos de ésta. Y en este contexto, pondera la resolución impugnada que fue, precisamente, el acusado, de sesenta y dos años de edad a la fecha de los hechos, y persona normalmente constituida desde el punto de vista psicológico, quien, aprovechando la cercanía con la víctima , –vivía muy próximo a los ancianos tíos de la víctima , cuya vivienda ella frecuentaba–, entabló con la misma un primer contacto en junio o julio de 2016, percatándose, ya entonces, del trastorno que padecía, «decidiendo explotarlo en su favor para satisfacer sus deseos sexuales». Le ofreció la realización de algunas tareas domésticas que le encomendaría, «con la promesa de entregarle a cambio algo de dinero», y seguidamente le propuso «que fuera su novia». Para posteriormente, asumido por ella dicho rol sin comprender su verdadero significado, mantener con la víctima relaciones sexuales plenas, al menos en una ocasión, en el domicilio de sus tíos y en la segunda mitad del mes de diciembre de 2016. El acusado no solo reconoció la existencia de estas relaciones sexuales, sino que mantuvo que las mismas tuvieron lugar en más oportunidades.

No resulta aquí relevante, por lo dicho, que el Tribunal de primera instancia, no considerase acreditado que las mencionadas relaciones sexuales se produjeron con el empleo de violencia, como la víctima aseguró. Se cuida de explicar la sentencia, no obstante, que no afirma con ello que la víctima faltase al respecto a la verdad, cuando aseguró que él la sujetaba y no la dejaba ir. Mas explica que no existe corroboración objetiva alguna del empleo de violencia, que ella describe además de forma imprecisa, y que es posible que el acusado propósito de agradar que conforma su personalidad le indujera a así asegurarlo por influjo de sus familiares o personas más próximas. Y no resulta relevante tampoco que ingenuamente negara la víctima ser la autora de la carta que remitió al acusado, expresiva del amor que por él sentía, –autoría que quedó debidamente justificada a medio de la pericial caligráfica practicada al respecto–. Es lo cierto que la víctima aceptó ser » la novia» del acusado y que asumió el rol que, en el marco de su anomalía psíquica, atribuía a dicha condición.

Lo trascendente aquí es que, acreditada más allá de cualquier duda la existencia de relaciones sexuales entre ambos, –al punto que la víctima quedó embarazada–, no se trató nunca de una libre decisión compartida al respecto, sino de la directa existencia de un abuso protagonizado por quien, ordinariamente constituido desde el punto de vista psíquico, trató y logró aprovecharse de la vulnerabilidad de su víctima para satisfacer sus propios e ilícitos fines. Muestra inequívoca de ello, tal y como se destaca en la resolución impugnada, es que dicha relación de noviazgo se concretó en que el acusado le entregara alguna ropa para lavarla y en las propias relaciones sexuales ya referidas, que, además, como también se explica, se mantuvieron sin que el acusado hiciera uso siquiera de preservativo, indiferente por completo a las posibles consecuencias que para la víctima pudiera representar un embarazo.

No hay modo, en definitiva, de considerar que el acusado no advirtiese, debido a su diferente nacionalidad o a cualquier otra circunstancia, las limitaciones intelectuales y madurativas que la víctima presentaba, en la medida en que las mismas resultan apreciables, tal y como manifestaron los peritos, las familiares de la víctima e, incluso, los agentes de la Guardia Civil que interactuaron con ella, desde el primer contacto, que, además, en el caso del acusado, se prolongó durante varios meses. Al contrario, percibidas, resolvió aprovecharse de ellas para satisfacer sus deseos sexuales, en lo que de ningún modo puede identificarse con una relación simétrica y libremente consentida, sino que constituye una explícita manifestación de abuso o prevalimiento, en la que el autor cosificó a su víctima, instrumentalizándola para la consecución de sus fines, con absoluto desinterés e indiferencia hacia los deseos y propósitos de ella…«DESCARGAR SENTENCIA COMPLETA»
 


Palladino Pellón – Abogados Penalistas | Prevalimiento de la situación mental de la víctima