El Derecho Penal como medio de Control Social

El derecho penal queda reservado exclusivamente para las formas más graves en las que se exponen a ser puestos en peligro o ser lesionados esos bienes jurídicos que protege.

Podemos sostener que si bien su función esta dirigida al control social, no lleva a cabo la misma de una forma absoluta sino solo en cuanto esta posibilita la vida en sociedad. Por esto afirmamos que el derecho penal interviene de manera alternativa cuando no hay otro medio adecuado para alcanzar estos fines que persigue.

Al decir que el derecho penal se aplica solo frente a las agresiones más graves, y solo ante casos donde sea estrictamente necesario, definimos que este entra en acción cuando la protección aportada por otros medios con los que cuenta el ordenamiento jurídico no son suficientes (Principio de intervención mínima o última ratio).

El mencionado principio de intervención mínima o «principio de ultima ratio» orienta la aplicación del Derecho Penal a la sanción de las conductas que lesionen los bienes jurídicos con mayor gravedad, considerando que estas son los realmente necesarios y dignos de ser protegidos.

El Derecho Penal como medio de Control Social – Principio de Intervención Mínima o «Ultima Ratio»

De igual forma la pena es considerada el último recurso, a falta de otros medios, que deben emplearse con la única finalidad de proteger los intereses que el legislador entiende indispensables para el funcionamiento del Estado derecho.

Vemos entonces que las bases de las sociedades actuales se centran en la libertad del individuo, cuestión que representa un límite para la intervención del Derecho  y por tanto del Estado. Esta cuestión inspirará al legislador al momento de elaborar cada norma, que en este sentido encontrará límites, que permitirán la aplicación de el Derecho Penal como medio de control social, sin desvirtuar esos principios fundamentales del orden social.