Despacho de Abogados Procesalistas en Madrid

El proceso penal es el instrumento mediante el cual se aplica el derecho penal. En tal sentido, los órganos jurisdiccionales han de hacerlo dentro de dicho proceso y respetando una serie de principios y garantías, toda vez que se encuentran en juego los derechos fundamentales de la persona encausada.

En el sistema procesal penal español, la acusación no es una atribución exclusiva del Ministerio Fiscal, ya que también puede llevarse adelante por parte de los particulares (víctimas u ofendidos), mediante la figura de la acusación particular, así como por cualquier persona, que aunque no se haya visto afectada directamente, recurra al ejercicio de la acusación popular, para perseguir la defensa de la legalidad.

Es importante conocer, que además de las fases de instrucción y juicio oral, en el proceso penal ordinario existe la denominada como “fase intermedia”. La finalidad de esta etapa, es decidir, a la vista de los resultados de la instrucción, si procede abrir la fase de juicio oral. En ese momento, tienen lugar un conjunto de actos, dirigidos a depurar lo actuado durante la fase de instrucción, planteándose la conformidad o no con diversas cuestiones, como son: la conclusión del sumario, los medios de prueba, la competencia del juzgador y la idoneidad del procedimiento seguido hasta el momento, entre otras… Esta etapa, finalizará con una resolución, que normalmente acordará el juicio oral o el sobreseimiento, y excepcionalmente revocará el auto de conclusión.

La Constitución Española, establece el marco que ha de regir la actividad jurisdiccional en el ámbito penal, a través de normas directa o indirectamente aplicables a la misma:

• Art. 17: derecho a la libertad (Pej: Condiciones de la detención preventiva)
• Art. 18: derecho a la privacidad (Pej: Inviolabilidad del domicilio)
• Art. 24: derecho a la tutela judicial efectiva y garantías básicas del proceso penal (Pej: derecho a no declarar contra sí mismo)
• Arts. 117 y siguientes: referidos a diversos aspectos del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal

En la fase de juicio oral, el proceso penal se configura como un debate entre partes enfrentadas ante un juzgador, que ocupa una posición de imparcialidad. En tal sentido, el principio acusatorio, viene a exigir que para que el juicio y la sentencia sean válidos, la acusación debe ser ejercida por un sujeto distinto del juez, posición que ocupan el Ministerio Fiscal, la acusación particular y/o la acusación popular.

La jurisprudencia es una de las fuentes del derecho mediante la cual éste se actualiza e integra. Surge del trabajo que realizan los juzgadores, interpretando las leyes para resolver casos concretos, o al pronunciarse sobre cuestiones no previstas en ellas.

Por lo tanto, aunque la jurisprudencia no es considerada en nuestro sistema legal como fuente del derecho, nuestro derecho procesal penal ha sido objeto de interpretaciones por parte de los tribunales, que han alterado o dejado sin efecto el tenor literal de determinados aspectos de la norma.

Esto sucede por ejemplo, porque en cumplimiento de sus funciones, los altos tribunales tienen la misión de adaptar el ordenamiento jurídico a las exigencias de la Constitución (Pej: al derecho de defensa).

Estas cuestiones, han llevado al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, a rectificar ciertos pasajes de la LECrim y a resolver lagunas legales (Pej: sobre el valor del testimonio de la víctima), siguiendo a su vez en ocasiones, la jurisprudencia emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.