Abogados sustracción de menores

Abogados penalistas especializados en delitos de sustracción de menores

El delito de sustracción de menores se recoge en el Código Penal, concretamente en el artículo 225 bis.

En 2002 entró en vigor la Ley Orgánica 9/2002, de modificación del Código Penal y del Código Civil sobre sustracción de menores, que reintrodujo este tipo penal dentro de los delitos contra las relaciones familiares (Título XII, Libro II).

Dada la gravedad y complejidad de estos casos, resulta indispensable contar no solo con un abogado especializado en Derecho de Familia, sino también con un abogado penalista experto que garantice una adecuada defensa en el ámbito penal.

El delito de sustracción de menores según el Código Penal

La conducta tipificada en el artículo 225 bis del texto punitivo, es la sustracción del hijo menor de edad por parte del progenitor, siempre que no exista causa justificada.

Y es al propio artículo, en su segundo apartado, al que debe recurrirse para entender a qué se refiere el término sustracción:

• Cuando se traslada a un menor de su lugar de residencia sin que medie el consentimiento del progenitor con el que convive habitualmente o de las personas o instituciones que ostenten su guarda o custodia
• Cuando se retiene a un menor de tal forma que se genera un incumplimiento grave del deber establecido a través de una resolución judicial o administrativa

¿Quiénes pueden incurrir en este delito?

El principal sujeto activo será el progenitor. Sin embargo, el quinto y último punto del Artículo 225 bis amplía la consideración de sujeto activo a los ascendientes del menor y a los parientes del progenitor, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (abuelos, hermanos, etc…)

¿A quién protege la ley?

En el caso que nos ocupa, el bien jurídico protegido es el interés superior del menor, entendido de manera integral, incluyendo su seguridad física y su desarrollo psicológico.

La importancia de este bien jurídico se refleja en la abundante normativa que lo protege, desde la propia Constitución Española, a través de su artículo 39, hasta la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1989), a partir de la cual se ha desarrollado legislación complementaria en materia de protección de la infancia.

¿Cuáles son sus penas?

Para el tipo básico, la pena de prisión es de 2 a 4 años, y se aplica también la inhabilitación especial para ejercer la patria potestad por un período de 4 a 10 años.

Por otro lado, existe un tipo agravado (Art. 225 bis 3) por el que la pena se impondrá en su mitad superior y que recoge aquellos casos en los que el traslado se realiza fuera de España o se impongan condiciones para la devolución.

¿Se puede evitar la pena o reducirla en un caso de sustracción de menores?

Sí, la ley prevé ciertas circunstancias que pueden exonerar de responsabilidad o reducir la pena:

• Si la ausencia no supera las 24 horas
• Si la persona que sustrae al menor informa al otro progenitor o a quien sea legalmente responsable de su cuidado sobre el lugar donde se encuentra, y lo devuelve de inmediato, puede quedar exenta de castigo, siempre que esta comunicación ocurra dentro de las 24 horas siguientes a la sustracción

Si, en cambio, no existe comunicación, pero la devolución se realiza dentro de los quince días, la ley permite aplicar una pena atenuada, que puede ir de 6 meses a 2 años de prisión, en lugar de la pena completa correspondiente al delito.

¿Qué es la concurrencia de dolo en un delito de secuestro parental?

Del Artículo 225 bis se deduce que no caben en la sustracción de menores conductas que se lleven a cabo sin intención de extenderse en el tiempo.

A ello se refiere el cuarto apartado, alegando que quedará exento de pena quien, habiendo sustraído al menor, comunique el lugar de estancia a su tutor. E igualmente, si la ausencia no se prolonga más allá de 24 horas.

El caso «Juana Rivas»

La necesidad de que concurra un dolo específico implica que quien sustrae al menor debe estar al tanto de la existencia de una resolución judicial o administrativa y actúa sabiendo que la va a incumplir. Algo que ha servido como base para apreciar el delito en el caso «Juana Rivas».

Según la sentencia del Juzgado de lo Penal nº1 de Granada, se aprecia la consumación de los delitos recogidos en el Art. 225 bis 1, en primer lugar y más tarde, Art. 225 bis 2. Ya que se traslada a los menores desde Italia, donde convivían con ambos progenitores, expresando la intención de visitar a su familia, sin regresar.

Y, en un segundo momento, cuando una resolución judicial firme obliga a la entrega, explícitamente se dice que no se va llevar a cabo. Posteriormente una sentencia del TS confirmó la condena, con una pena rebajada a dos años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante seis años.

Los conflictos entre progenitores por la custodia de los hijos son habituales. No hay que olvidar además que suelen formar parte de un escenario complejo donde concurren situaciones relacionadas con otros tipos delictivos como la violencia de género. Todo lo cual remarca la importancia de proteger el bienestar del menor en todo caso.

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