Abogados obstrucción a la justicia

Abogados penalistas especializados en delitos de obstrucción a la justicia

Nuestra legislación penal persigue una serie de comportamientos que buscan dificultar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia entorpeciendo su actividad.

En ese sentido, veremos cómo existen tres tipos penales que configuran lo que conocemos como obstrucción a la justicia, los cuales son castigados con importantes penas de prisión y/o multa.

Ante una investigación o acusación relacionada con esta clase de delitos, resulta fundamental contar desde el primer momento con el asesoramiento de un abogado penalista especializado.

Definición legal ¿Qué es el delito de obstrucción a la justicia?

Lo que habitualmente se denomina delito de obstrucción a la justicia, es en realidad una categoría de delitos que se encuentran regulados en un capítulo específico junto a la deslealtad profesional, y que atentan contra la Administración de Justicia. Esta categoría está formada por los siguientes tipos penales concretos:

• Incomparecencia en un proceso criminal
• Intento de influir en una actuación procesal
• Represalia por actuación en procedimiento judicial

Se trata de conductas, tanto activas como pasivas, que afectan al normal desarrollo de un procedimiento penal o que incluso atacan a determinados sujetos que han intervenido en el mismo.

Conductas que constituyen obstrucción a la justicia y sus penas

Las conductas que integran este grupo de delitos buscan sancionar comportamientos que entorpecen el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, ya sea impidiendo el normal desarrollo de un procedimiento penal, tratando de influir en quienes intervienen en él o actuando posteriormente como represalia por su participación en el proceso.

A continuación veremos cuáles son las principales conductas consideradas como obstrucción a la justicia y las penas previstas para cada una de ellas.

Incomparecencia en un proceso criminal

Este tipo penal castiga a quien, habiendo sido citado, no comparece de forma injustificada ante un Juzgado o Tribunal en un proceso penal. Esta conducta presenta dos modalidades:

• cuando el investigado o acusado se encuentre en prisión provisional y provoque la suspensión del juicio oral, se castigará con la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 meses
• cuando el investigado o acusado no se encuentre en prisión provisional, haya provocado o no la suspensión del juicio oral, se castigará con la pena de multa de 6 a 10 meses, siempre que haya sido advertido y lo haga por segunda vez

Además, existen dos tipos que persiguen especialmente a determinados responsables, al considerarse que incurren de una forma más grave en este delito:

• abogado, procurador o representante del Ministerio Fiscal, en actuación profesional o en el ejercicio de su función, a quienes se aplicará la pena en su mitad superior, además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, durante 2 a 4 años
• juez o miembro del tribunal, o quien ejerza las funciones de secretario judicial, a quienes se aplicará la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 meses, además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, durante 2 a 4 años

Intento de influir en una actuación procesal

Se comete este delito cuando, mediante violencia o intimidación, se intenta influir directa o indirectamente en un procedimiento para que cualquiera de las siguientes personas modifique su actuación procesal:

• Abogado
• Denunciante
• Intérprete
• Investigado o acusado
• Parte
• Perito
• Procurador
• Testigo

La pena prevista para estos casos es de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 24 meses.

No obstante, debemos tener en cuenta que existe un tipo agravado al que corresponde la aplicación de la pena en su mitad superior, previsto para aquellos supuestos en los que el autor no solo intenta influir, sino que además consigue modificar la actuación procesal sobre la que pretendía ejercer dicha influencia.

Represalia por actuación en procedimiento judicial

A quien, como represalia, realice actos que atenten contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o patrimonio de cualquiera de las personas que mencionamos en el punto anterior, como consecuencia de su actuación en un procedimiento judicial, se le aplicará la pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 24 meses.

Todo ello sin perjuicio de la pena que le corresponda por la infracción específica que haya llevado a cabo, como por ejemplo lesiones, homicidio o agresión sexual.

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