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En el ámbito de la Unión Europea, los mecanismos de cooperación judicial internacional establecidos por los diferentes Estados, dirigidos a sancionar a aquellos responsables de delitos, que buscan eludir la justicia permaneciendo en un país distinto al de la comisión del ilícito, se fundamentan en la figura de la OEDE.

Este procedimiento, está regulado por la Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002 y la Ley sobre la Orden Europea de Detención y Entrega de 14 de marzo de 2003.

En cuanto a terceros países —fuera de la UE—, se aplican los métodos clásicos de extradición, regulados por tratados bilaterales o multilaterales, firmados entre los Estados y España, y en ausencia de un acuerdo específico, se recurre a la Ley de Extradición Pasiva y al principio de reciprocidad.

El artículo 277 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) 6/1985, de 1 de julio, establece que los Juzgados y Tribunales españoles proporcionarán la cooperación solicitada por las autoridades judiciales extranjeras para el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, de acuerdo con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, y en su defecto, conforme al principio de reciprocidad.

En este contexto, la intervención de un despacho especialista en derecho penal internacional, resulta esencial para garantizar el correcto desarrollo del procedimiento y la defensa efectiva de los derechos del individuo requerido.

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Cuando un Estado solicita la colaboración de otro para localizar y obtener la entrega de una persona con el fin de enjuiciarla o imponerle una pena o medida de seguridad, recurre a los mecanismos de cooperación judicial disponibles tanto dentro como fuera de la Unión Europea.

Una defensa sólida se construye a partir de un análisis técnico y estratégico de la documentación que respalda formalmente la solicitud, valorando si se cumplen unos requisitos esenciales, como son la proporcionalidad, la existencia de una condena firme o de una acusación concreta y, en su caso, la compatibilidad de los hechos con el ordenamiento jurídico penal español.

A diferencia de la extradición tradicional, que implica una relevante injerencia diplomático-administrativa —cuestión que afecta no solo el resultado, sino también los tiempos del procedimiento—, la OEDE es un mecanismo que opera entre autoridades judiciales, eliminando la intervención política en las decisiones clave y acelerando los plazos.

Un despacho de abogados con experiencia en este ámbito, sabe cómo actuar ante cada requerimiento y afrontar las distintas fases del proceso conforme a sus normas y particularidades.

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