La Ley Penal en el Espacio

La aplicación de la ley penal no solo tiene particularidades en cuanto al tiempo sino también en el espacio, para lo que tiene un papel relevante la jurisdicción. Los tribunales españoles solo pueden aplicar el Derecho penal español.

El principio básico de aplicación de la ley penal en el espacio es el principio de territorialidad. El artículo 8.1 del Código Civil establece que: “Las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se hallen en territorio español.” y el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial define la extensión y límites de la jurisdicción en materia penal.

La Ley Penal en el Espacio – El Principio de Territorialidad

El principio de territorialidad y la ley penal en el espacio

Este principio básico de aplicación de la ley penal en el espacio, define que la ley penal española se aplica a los delitos cometidos en territorio español, con independencia de la nacionalidad del autor o de la víctima.

El artículo 23.1 de la LOPJ define que en materia penal corresponde a la jurisdicción española el conocimiento en las causas por delitos y faltas (delitos leves) cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españolas, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España es parte, y el mismo artículo en su apartado 23.2 al 23.6 define en que supuestos y condiciones conocerá o no la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional.

La Extradición

La extradición es habitualmente regulada mediante tratados internacionales y la legislación de cada país y consiste en la entrega de una persona que ha cometido un delito, la cual es realizada por el Estado en cuyo territorio se encuentra el sujeto a otro Estado que le reclama para ser juzgado o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad.

El Asilo

La Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone en su artículo 14 que: “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.” y que: “Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”.

Podemos definir al asilo como la protección que otorga un Estado a una persona que se refugia en su territorio, consistente en su no devolución, expulsión o extradición. Aquel que solicita el derecho de asilo no tiene que encontrarse necesariamente en territorio español, pudiendo ejercerlo desde el extranjero, por ejemplo desde una embajada. Este recurso tiene unas condiciones muy tasadas que deben ser demostradas por el solicitante y se concede a aquellos a quienes se les reconoce la condición de refugiado, cuya regulación se encuentra recogida en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los refugiados de 07/51 y el Protocolo de New York sobre el Estatuto de los Refugiados de 01/67, en directivas europeas y en la Ley 12/2009.

La Euro-Orden

La orden europea de detención y entrega, conocida como “euro-orden”, es una resolución judicial dictada por los tribunales de un Estado miembro de la Unión Europea que persigue la detención y entrega por parte de otro Estado miembro, de una persona a la que se reclama para ser juzgada o para el cumplimiento de una pena o una medida de seguridad.

Se distingue de la extradición por el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales de otro país miembro de la Unión Europea, y sus supuestos de denegación se encuentran muy tasados. Si bien la euro-orden y su funcionamiento se basan en confianza mutua de los Estados miembros en sus respectivos sistemas judiciales, el reconocimiento de las resoluciones extranjeras no es completamente automático ya que hay una serie de supuestos donde los órganos judiciales del estado que ejecuta la orden pueden revisarla, como por ejemplo en casos de sospecha de discriminación, pena de muerte o torturas.