Despacho de Abogados Penitenciarios en Madrid

Según lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento Penitenciario, el avance en el grado de clasificación del interno se fundamenta en la evolución favorable de los factores que guardan una relación directa con su conducta delictiva, evidenciada en su comportamiento general.

Esta progresión implica un aumento en la confianza hacia el, hasta permitirle asumir mayores responsabilidades, asociadas a un grado más amplio de libertad.

No obstante, este artículo debe interpretarse conjuntamente con lo previsto en el artículo 102 del mismo reglamento, el cual establece los criterios generales de clasificación penitenciaria.

Dichos criterios comprenden la personalidad del recluso, su trayectoria individual, familiar, social y delictiva, la duración de la condena, el entorno social al que será reintegrado y los recursos, obstáculos y condiciones existentes para asegurar el éxito del tratamiento.

La competencia para resolver sobre la solicitud de traslado de un penado a otro centro penitenciario recae de forma exclusiva en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el artículo 31 del Reglamento Penitenciario. La decisión administrativa que se adopte en este ámbito no está sujeta al control del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, sino que corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, una vez agotada la vía administrativa previa.

La Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha establecido un criterio jurisprudencial consolidado según el cual, una vez que se ha iniciado de manera positiva el régimen de concesión de permisos de salida, debe mantenerse dicha línea, salvo que se acredite un uso indebido de los mismos o exista un incremento significativo del riesgo de quebrantamiento de condena.

Este enfoque busca evitar la desorientación y desconfianza de los internos frente a decisiones contradictorias, como sería la aprobación de un permiso seguida de la denegación del siguiente, pese a que el primero haya sido disfrutado de forma adecuada (Auto de la AP, Sección V, de 11 de octubre de 2016. JVP nº 6 de Madrid, expediente 489/2014).

El artículo 43.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la sanción de aislamiento deberá cumplirse, en principio, en el mismo compartimento que el interno ocupa de manera habitual.

No obstante, si dicho espacio es compartido con otros reclusos, o si así lo requiere su seguridad personal o el mantenimiento del orden en el centro penitenciario, podrá ser trasladado a una celda individual de características y condiciones similares.

En caso de que el cumplimiento del aislamiento se lleve a cabo en un compartimento distinto, este deberá reunir condiciones equiparables —no necesariamente idénticas— en cuanto a tamaño y características.

Los penados conservan los mismos derechos fundamentales que el resto de los ciudadanos, salvo aquellos que se vean expresamente restringidos por la sentencia condenatoria, por la naturaleza de la pena impuesta o por lo dispuesto en la legislación penitenciaria, conforme al Artículo 25.2 de la Constitución Española.

Entre esos derechos se encuentra el de entrar y salir libremente del territorio nacional (Art. 19 CE), el cual resulta incompatible con una pena privativa de libertad, salvo en el supuesto específico de la libertad condicional.

Cabe señalar que la normativa penitenciaria no establece una prohibición expresa para que los penados salgan del país. De hecho, el principio de territorialidad en la ejecución de las penas, que tradicionalmente implicaba que la pena debía cumplirse en el territorio nacional, ha sido objeto de múltiples excepciones en la práctica actual: desde la posibilidad de conceder la libertad condicional para residir en el extranjero, hasta el cumplimiento íntegro de la condena en otro país conforme a su legislación penitenciaria.

Por tanto, en cada caso concreto deberá analizarse si, al otorgarse la libertad condicional, se impuso alguna condición o regla que sea incompatible con el traslado del penado al extranjero.

En el momento del ingreso en un centro penitenciario, la persona privada de libertad es trasladada inicialmente al Departamento de Ingresos, donde permanece durante un período de observación de entre 24 y 48 horas. Durante este tiempo, se llevan a cabo una serie de actuaciones protocolizadas que tienen por objeto la identificación, registro, valoración médica y social del interno.

Las principales fases del ingreso son:

• Identificación y recogida de datos personales: Se procede a la verificación de la identidad, mediante la toma de huellas dactilares y fotografías (de frente y perfil). Esta información queda registrada en el Libro de Ingresos, donde también se consigna el motivo del ingreso y la situación del recluso.
• Registro: Los efectos personales no autorizados en el centro son intervenidos y depositados en un lugar seguro. Podrán ser devueltos al propio interno al momento de su excarcelación, o bien entregados a familiares previa autorización expresa.
• Primer reconocimiento médico: El recluso es sometido a una evaluación médica inicial con el fin de determinar su estado de salud. Es fundamental que se informe de cualquier enfermedad, tratamiento farmacológico en curso o condición médica relevante, para garantizar su adecuada atención sanitaria durante el internamiento.
• Entrevistas iniciales con profesionales: Durante los primeros días, el preso es entrevistado por diferentes profesionales del centro penitenciario, como el trabajador social, psicólogo, educador, abogado o docente, quienes recopilan información sobre su situación personal, familiar y social, y ofrecen orientación sobre las ayudas disponibles y actividades de tratamiento.

Toda esta información sirve como base para la elaboración de un informe de observación inicial, que es determinante para la asignación del módulo al que será enviado el preso y la planificación del tratamiento penitenciario.