¿Se enfrenta a un procedimiento penal fuera de España?
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La cooperación judicial internacional se sustenta, por una parte, en la necesidad de combatir la delincuencia mediante la colaboración entre Estados, con el propósito de evitar que alguno de ellos se transforme en un espacio de impunidad para quienes, estando imputados en otra jurisdicción, se encuentran en su territorio.
Por otra parte, dicha cooperación debe respetar los derechos fundamentales y las garantías procesales reconocidas en cada sistema jurídico involucrado. Y para asegurar la correcta aplicación de estos principios, resulta esencial la participación de un abogado experto en la materia, que vele por su cumplimiento.
El principio de Justicia Penal Universal, que se materializa en el reconocimiento mutuo de decisiones judiciales y en la aceptación de la soberanía interpretativa de cada normativa interna, solo podrá desarrollarse plenamente si se asegura el respeto de los derechos fundamentales y de las garantías procesales.
Aunque los sistemas penales de los países del entorno europeo presentan una notable similitud con el modelo español en cuanto a las garantías procesales, esta situación no se reproduce necesariamente en el caso de Estados extracomunitarios.
Por ello, resulta imprescindible realizar indagaciones previas sobre el funcionamiento de sus sistemas judiciales, con el fin de garantizar que las personas extraditadas por España, en atención a solicitudes formuladas por dichos Estados, no sufran vulneraciones.
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brindando su opinión profesional respecto de casos de gran actualidad
Al enfrentarse a una solicitud de entrega formulada por otro Estado, una defensa eficaz comienza desde el momento de la detención. La rapidez en la respuesta y contar con una estrategia definida desde la fase inicial del procedimiento, son factores clave para lograr un resultado favorable. Estos procesos son complejos, ya que combinan elementos del derecho penal con aspectos diplomáticos, administrativos y de cooperación internacional.
Es esencial saber que, desde la primera comparecencia ante la Audiencia Nacional, cada decisión cuenta. Además, dentro de un plazo legal, el Estado requirente debe remitir una solicitud formal que tiene que analizarse con detenimiento. Una estrategia bien diseñada puede conducir a la denegación de la entrega, basada en alguna de las causas previstas en el tratado aplicable o en la legislación nacional.
Una Euroorden o una extradición no deben entenderse como una simple formalidad entre Estados, sino como una verdadera batalla por la libertad de una persona. Incluso sin entrar en el fondo del asunto, el procedimiento puede concluir evitando un juicio o una pena injustos. La intervención temprana y especializada de un abogado con experiencia en Derecho Penal Internacional, marcará la diferencia en este tipo de casos.
Conocer lo que podemos hacer por usted, es muy importante a la hora de elegir quien será el profesional que se hará cargo de su caso
Cuando la persona reclamada por otro país decide oponerse a su entrega, dentro del marco de un procedimiento judicial de extradición, este puede prolongarse de forma considerable. La complejidad jurídica de estos casos, radica en la necesidad de analizar y aplicar tratados específicos entre Estados, respetar garantías, principios y formalismos procesales muy estrictos, la existencia de múltiples audiencias y recursos, y en la intervención del poder ejecutivo. Todo ello puede hacer que el proceso se extienda más allá de los 365 días. En cambio, ante una OEDE, cuando la persona consiente su entrega, el proceso dura una media de 16 días. Y aunque esta se oponga, dicho plazo se alarga, pero sin superar los 45 días.
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Al ponerse en manos de un despacho de abogados de penal internacional hay ciertos factores a tener en cuenta
El letrado responsable de su procedimiento, tiene que acreditar una trayectoria en la práctica profesional, capaz de dar respuesta al delito específico al que usted se expone. Solo haberse enfrentado a cientos de casos como el suyo es garantía de cumplir con este requisito.
Un contacto directo con el abogado que lleva su caso desde el principio y en todo momento. La comunicación con el despacho debe ser fácil y responder a sus necesidades como cliente. En este sentido son claves, la rapidez en la respuesta y el uso de un vocabulario sencillo y concreto.
Encomendar un problema de índole penal no es algo que pueda hacerse a la ligera. Es importante considerar la participación en casos de gran trascendencia, la dedicación exclusiva al derecho penal, el reconocimiento profesional del bufete y la formación académica de sus integrantes.
Una visión realista y la evaluación honesta de sus posibilidades de éxito son la base de la confianza con su abogado penalista. La reputación de un letrado se basa entre otras cosas, en su capacidad para no generar falsas expectativas respecto del resultado esperable en cada caso.
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Europol es una agencia con sede en la Haya, que lleva a cabo funciones de soporte a los Estados miembros de la UE en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y la ciberdelincuencia internacional, colaborando también con países no pertenecientes a la UE y organizaciones internacionales.
Entre las principales amenazas que enfrenta la seguridad de la UE se encuentran: el terrorismo, el narcotráfico, el blanqueo de dinero, el fraude, la falsificación de moneda y la trata de personas.
La agencia presta apoyo en las investigaciones emprendidas por los Estados miembros, aunque sus representantes no tienen competencia para efectuar detenciones ni iniciar procedimientos penales.
Su labor se centra principalmente en delitos que demandan una respuesta coordinada a nivel internacional y la colaboración entre múltiples Estados, tanto de la UE como externos.
El Atlas Judicial de la Red Judicial Europea es una herramienta diseñada para localizar a la autoridad judicial competente en materia penal de cada país, con el objetivo de facilitar el contacto y solicitar su colaboración en procedimientos en los que se requiere de su cooperación.
La autoridad pertinente es distinta según el país del que se trate y depende de aspectos tales como la infracción penal en cuestión y la etapa del proceso.
El término SIRENE hace referencia a «Supplementary Information Request at the National Entries» (solicitud de información complementaria a la entrada nacional).
Cada Estado que participa en el SIS cuenta con una oficina nacional SIRENE, operativa las 24 horas del día, todos los días del año, encargada de gestionar el intercambio de datos y coordinar las acciones vinculadas a las descripciones del SIS; Europol también dispone de una oficina SIRENE.
Una colaboración fluida entre estas oficinas resulta esencial para el buen funcionamiento del sistema. Esta cooperación, que puede desarrollarse de forma bilateral o multilateral, debe estar relacionada con una alerta específica del SIS.
Para asegurar una respuesta rápida, segura y confidencial, se utilizan formularios estandarizados transmitidos a través de una red protegida.
Las autoridades centrales, que anteriormente tenían un papel relevante en los procesos de extradición, ya no participan en la toma de decisiones dentro de los procedimientos iniciados mediante una Euroorden.
No obstante, el artículo 7 de la Decisión Marco relativa a la Orden de Detención Europea, permite a los Estados miembros nombrar autoridades centrales, para asistir y respaldar a las autoridades judiciales, en particular en lo referente al envío y la recepción de dichas órdenes.
Eurojust es una agencia de la Unión Europea con sede en La Haya que coordina la cooperación entre autoridades judiciales para combatir la delincuencia transfronteriza organizada.
Cada Estado miembro envía un representante a Eurojust, formando el Colegio que dirige las operaciones de la Agencia.
Este Colegio cuenta con el apoyo de un equipo administrativo especializado. Las instalaciones están equipadas con salas seguras, interpretación en todos los idiomas de la UE y un centro para coordinar acciones conjuntas en tiempo real.
Eurojust ha establecido una red internacional que permite a los fiscales de la UE colaborar con más de 50 jurisdicciones.
Ha firmado acuerdos con varios países no pertenecientes a la UE y acoge a fiscales de enlace para trabajar conjuntamente. Además, coopera con otras agencias y socios europeos implicados en la justicia penal, como cuerpos policiales y entidades antifraude.
La Organización International de Policía Criminal es una organización intergubernamental integrada por 196 países, cuya misión es prestar apoyo técnico y operativo a la policía de dichos Estados y facilitar el intercambio y acceso a información sobre delitos y delincuentes.
Interpol administra diversas bases de datos que contienen información sobre delitos y delincuentes, a las cuales tienen acceso los países miembros en tiempo real. Al mismo tiempo, ofrece soporte en investigaciones de carácter forense, y en la localización de fugitivos a nivel mundial.
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