Delitos económicos

La denominada como delincuencia económica, representa una nueva forma de criminalidad, que nos obliga a abordarla no solo desde una perspectiva jurídica sino también criminológica, ya que no responde a los principios conocidos de otras formas de delincuencia, como por ejemplo la de los delitos contra la propiedad.

Nos encontramos ante un tema de mucha actualidad, pero que se viene tratando desde hace años, y que tiene un hito de referencia importante en el concepto acuñado por el sociólogo americano Edwin H. Sutherland, quien en 1939, utiliza la expresión “white collar criminality” o “criminalidad de cuello blanco”, término cuyo uso se ha mantenido vigente hasta nuestros días.

Sutherland centra su atención en el autor de este tipo de delitos, al exponer que se trata de «delitos cometidos por una persona honorable, con prestigio social y en el marco de su ejercicio profesional», relegando a un segundo plano el delito en si mismo.

César Herrero Herrero lo define como “toda agresión, prohibida o no por el ordenamiento jurídico, que ponga en grave peligro los esquemas fundamentales de producción, distribución y consumo de los bienes de la comunidad como tal, o de un número apreciable de sus miembros, o que afecte, de igual forma, sus sistemas de financiación y de cambio.

Todo ello, provocando el nacimiento de un daño directo y real; acudiendo al uso de métodos y formas atentatorios al equilibrio y fiabilidad de aquéllos, o a través de la comisión de otros delitos, ejecutados por puro móvil de enriquecimiento” (Herrero Herrero, César. Los delitos económicos. Perspectiva jurídica y criminológica, Ministerio del Interior, Madrid, 1992)

Creado en 1989, el GAFI – Grupo de Acción Financiera Internacional, también conocido como FATF – Financial Action Task Force (por sus siglas en inglés), es un organismo internacional con sede en París, dedicado a la vigilancia del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Entre sus funciones se encuentran:

• establecer estándares internacionales destinados a prevenir estas actividades ilegales y los perjuicios que causan a la sociedad
• trabajar para generar la voluntad política necesaria que permita impulsar reformas legislativas y regulatorias a nivel nacional en estos ámbitos, y
• establecer estándares internacionales para garantizar que las autoridades nacionales puedan perseguir eficazmente los fondos ilícitos vinculados al tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, el fraude cibernético y otros delitos graves

Normalmente, el autor de un delito económico o financiero, goza por su posición social de una imagen determinada que provoca una estima social, contrariamente a lo que ocurre con el delincuente común, llegando incluso a considerarse socialmente adaptado.

Esta imagen de honorabilidad e integridad, que cuidan muchos de crear y mantener, les facilita la relación con grupos de poder como la judicatura o el gobierno.

A consecuencia de ello van adquiriendo poder e influencia que utilizan para la satisfacción de sus intereses personales.

1. La característica esencial de la delincuencia económica es su pertenencia a las altas capas sociales
2. El autor presenta una inteligencia y astucia especiales
3. Aunque están al corriente de la ilegalidad de sus actos no los consideran actos «criminales»
4. Se trata de personas que tienen o han tenido una buena posición económica, y
5. Al salir de prisión no se enfrentan al desafío de la reinserción como un delincuente común, ni reciben el reproche social de otro tipo de delitos

A finales de la década de 1980, la preocupación creciente por los elevados beneficios del narcotráfico, el impacto de la globalización en el crimen organizado transnacional y el desarrollo de las tecnologías de la comunicación —que han facilitado, entre otras cosas, la transferencia de fondos tanto legales como ilegales— llevó a la comunidad internacional y a diversas instituciones a implementar medidas orientadas a combatir la delincuencia financiera, con especial atención sobre blanqueo de capitales.

Lo primero que tenemos que saber, es que existe un debate sobre como afectan las posibles sanciones a los delincuentes que comenten delitos en el ámbito económico o financiero (Pej: Un fraude fiscal)

Las características personales de los autores, los cuales rara vez han cometido delitos con anterioridad, tratándose de personas con alto estatus, respetabilidad, y con una excelente hoja de servicios, dificulta en la práctica la aplicación de sanciones excesivamente severas contra éstos, y el efecto disuasorio de la pena es también dudoso, existiendo una cierta controversia sobre que tipo de penas realmente deben aplicarse en estos casos.

Así, podemos encontrar tanto modelos punitivos que se centran en la aplicación de multas y reservan la prisión para los casos más graves, como otros más inclinados hacia el uso de la pena privativa de libertad —aunque sea de corta duración—, como el modelo estadounidense, cuya efectividad resulta bastante cuestionable.