La Reforma de la LECrim limita las ventajas de la Acusación Popular
Reforma LECrim limita ventajas de la Acusación Popular
‐ Ruz ha rechazado esta petición ejercida por el PP en el caso Bárcenas
‐ También podría quedarse fuera del Gürtel
‐ Una implicación directa en el proceso y más información, ventajas de la acusación popular
‐ Según fuentes jurídicas, las limitaciones reestablecerán el equilibrio de la acción penal Lorena Moreno
El juez Pablo Ruz ha rechazado la petición del Partido Popular de personarse como acusación popular en la pieza separada el 7 de marzo del caso Bárcenas. El PP ya ejerció esta acción en el pasado para implicarse en la trama Gürtel al tener un interés directo en el desarrollo del proceso (aunque el magistrado también podría terminar vetando su participación). Un hecho que no ha vuelto a repetirse y que escaseará con vistas al futuro de aplicarse las limitaciones del proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). En enero, la comisión de expertos que asesora la reforma de la LECrim (nuevo Código Procesal Penal) propuso restringir el uso de la acción popular, excluyendo a partidos políticos y sindicatos de su ejercicio. También añadió limitar los supuestos de uso a una batería de delitos concretos.
La mayor parte, relacionada con la Administración Pública, la discriminación y el terrorismo. Tan vieja como La Pepa Cuando la Fiscalía se incoa en un litigio, lo primero que hace es poner en conocimiento de las partes la situación que les afecta y preguntar a quien pretende interponer la denuncia si van o no a interponer ellos mismos una acusación particular. El ejercicio fiscalizador y esta acción legal son los instrumentos que estimulan la maquinaria procesal en la mayoría de los delitos tipificados. Expertos en jurisprudencia consideran que la acusación popular desempeña un papel secundario y que, si en un futuro desapareciese, “tampoco nos afecSe debe en parte a su presencia en los orígenes del constitucionalismo. Fuentes jurídicas consultadas por ZoomNews explican que su presencia respeta el principio de que la acción penal es pública y que todos podemos ejecutarla con arreglo a las prescripciones de la ley. “Tiene que ver con el déficit democrático que hemos vivido en años anteriores”, explica un letrado de Uría Menéndez. “La Constitución de 1812 ya la recogía, y la de 1978 la reincorporó en su artículo 25 para asegurar que el pueblo estaba suficientemente bien representado en la Administración de Justicia.
Por eso se añadieron la acusación popular y el tribunal del jurado”. Marta Pellón, abogada del bufete especializado en derecho penal Palladino Pellón & Asociados, explica que es una forma de apoyo a la tutela judicial efectiva que protege el derecho de todos los ciudadanos a llevar un delito ante la justicia. Pueden ejercer la acusación popular tanto personas físicas como jurídicas, “cualquiera que considere que el hecho es constitutivo de infracción penal y tenga un interés directo en la causa, aunque su resultado no le afecte directamente”, matizan estas fuentes. Toda persona que tenga un interés legítimo puede comparecer en el procedimiento y estar al corriente de todas las diligencias. Te permite estar informado y ser parte: conocer el desarrollo de la diligencia, recurrir en caso de no estar de acuerdo con la resolución final, formular acusaciones… En definitiva, inmiscuirse en el desarrollo del proceso personándose como una de las partes. Una vía residual Estas actuaciones se dan en un porcentaje mínimo. Ocurre básicamente cuando el Ministerio Público considera que un hecho no debe ser perseguido porque no constituye delito, ni los perjudicados directamente dirigen una acusación particular. Sucedió con el caso de las cesiones de créditos de Emilio Botín, en el que el Tribunal Supremo determinó que si la Fiscalía y la acusación particular no denunciaban, no contemplaba la opción de una acusación popular. taría demasiado”.
Entonces, ¿por qué permanece en nuestro ordenamiento jurídico? No obstante, en otros episodios un colectivo afectado indirectamente anuncia que quiere personarse como acusación popular. Normalmente se asocian a hechos excepcionales, de notoria importancia para la opinión pública. La repercusión mediática que alcanzan y al volumen de ciudadanos afectados es lo que les hace destacar tanto. El expediente que se abrió contra el juez Garzón, la trama Gürtel o los casos de Bankia y Novacaixa sientan precedentes en esta materia. Fuentes jurídicas consultadas señalan que “si tenemos en cuenta que se tramitan unos cuatro millones de procesos penales al año en España, los que se encauzan por una acusación popular no deben pasar del millar”. Este reducido nivel de incidencia tiene sus razones económicas. Iniciar una acusación popular implica personarse con abogado y procurador, con los costes que este requisito implica, en procesos donde no hay un interés directo. Luego si el contenido de la sentencia no va a afectar en gran medida a alguien, no es lógico que vaya a invertir una elevada suma de dinero para participar en un proceso que cuyo resultado no le perjudicará en gran medida. Por otra parte, como explica Marta Pellón, existe una serie de filtros judiciales que admitirán o no los hechos en función de si pueden o no presentarse por esta acción. Además, si el acusador pierde el pleito por haberse querellado sin motivo o conociendo la inocencia del demandado, deberá asumir las costas procesales.
Reequilibrar la balanza “No es una restricción de la que debamos escandalizarnos, sino un reequilibrio de la acción penal”, apunta el abogado del bufete Uría Menéndez, acerca de las limitaciones que prevén aplicar a la acusación popular. Se pretende reequilibrar algo que parece un tanto desequilibrado, ya que la acusación popular la podía ejecutar cualquiera en cualquier circunstancia. El proyecto de la LECrim trata de aproximar el concepto de justicia penal al que recoge la Common Law, donde el Estado ostenta la exclusividad de la acción penal y los particulares sólo pueden presentar demandas civiles. El proyecto de la LECRim se acoge a este modelo para evitar que la justicia penal muchas veces quede en manos de personas o asociaciones aun en contra de quienes tienen el monopolio casi exclusivo: el Ministerio Público. “Es como la libertad de expresión en relación al derecho al honor: cuando chocan hay que determinar en cada caso qué es lo que corresponde. La reforma de la LECrim actuará como juez al establecer en qué circunstancias es posible esta forma de actuación”, explica el representante de Uría Menéndez. “Cierto que la acusación popular aparece recogida en el artículo 25 de la Constitución, pero su afección tras la reforma de la LECrim no restringe ningún derecho de los ciudadanos”. Las fuentes judiciales inciden en este aspecto y argumentan que la acusación popular no está reconocida en la Norma Suprema como un derecho, tal cual, sino como una opción legal.