Delitos de cohecho y prevaricación administrativa

Delitos de cohecho y prevaricación administrativa

Delitos de cohecho y prevaricación administrativa

e infidelidad en la custodia de documentos (Sentencia)


 

Delitos de cohecho, prevaricación administrativa, e infidelidad en la custodia de documentos con motivo de actuaciones llevadas a cabo en un Ayuntamiento con participación de concejales, funcionarios y particulares en orden a conseguir adjudicaciones con grave alteración del procedimiento establecido y mediante dádivas y contraprestaciones.
 

RESUMEN DEL TRIBUNAL

 
Análisis de los delitos de cohecho relacionados con solicitar o recibir dádivas o contraprestaciones y de prevaricación con la emisión de un voto favorable en un pleno en su relación con la vía provocada para un fin ilícito y alterando de forma dolosa y consciente el procedimiento que correspondería seguir en cada caso.

No puede apelarse en estos casos a una teoría que podría denominarse «La criminalización del derecho administrativo», por cuanto no se trata de que los condenados hayan llevado a cabo por acción u omisión meras irregularidades o incumplimientos exigidos por una norma administrativa, o en un proceso de contratación, al modo de infracciones que podrían tener su reflejo y solución ante la jurisdicción contencioso administrativa, sino que se trata de actuaciones dolosas realizadas con conciencia y voluntad de alterar el procedimiento administrativo para realizar el acto en beneficio de una persona y con evidente perjuicio a los que no pueden acceder a los actos administrativos por la acción directa del acusado que no lleva a cabo solo meras irregularidades administrativas subsanables, o no, por actos administrativos complementarios o de subsanación, sino que la entidad del acto es de gravedad y relevancia que comporta una clara injusticia del mismo a sabiendas de que lo es.
 
Delitos de cohecho y prevaricación administrativa

Delitos de cohecho y prevaricación administrativa

 
Existiría una «criminalización del derecho administrativo» si ante una mera acción de la autoridad o funcionario pública de poca entidad o relevancia, o que pueda ser impugnable ante la jurisdicción contencioso administrativa por carecer de los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal se remiten a la vía penal, siendo de aplicación el principio de intervención mínima del derecho penal en ese caso, pero no cuando concurren los elementos de los tipos penales en casos de delitos contra la Administración Pública, no suponiendo una mera irregularidad administrativa, sino un verdadero ilícito penal con conductas perpetradas con dolo, y ocasionando un deterioro de la imagen de la función pública…«DESCARGAR SENTENCIA COMPLETA»
 


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