Abogados acoso sexual

Abogados penalistas especializados en delitos de acoso sexual

El delito de acoso sexual está regulado en el artículo 184 del Código Penal, dentro del Capítulo III del Título VIII. Se incorporó en 1995 con la aprobación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre.

Se trata de un tipo penal complejo que ha evolucionado con el tiempo y que se introdujo a nuestra legislación como respuesta a la fuerte presión ejercida por distintos grupos sociales y los medios de comunicación.

Dadas sus implicaciones legales, contar con un abogado experto resulta fundamental para garantizar una correcta aplicación de la ley y una adecuada protección de los derechos de las personas involucradas.

A continuación, abordaremos sus características y los elementos que determinan cuándo se configura este delito, en qué entornos ocurre y en el contexto de qué tipo de relaciones.

¿Qué es el delito de acoso sexual?

Mediante el tipo penal de acoso sexual, el Legislador castiga a quien solicite favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente, de prestación de servicios o análoga, continuada o habitual, y con tal comportamiento provoque a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante (Artículo 184 CP)

Como cuestiones importantes a tener en cuenta, conviene destacar que, como veremos más adelante, estos actos requieren la presencia de una serie de elementos muy concretos para considerarse delictivos, y que existen supuestos agravados que, por sus circunstancias, conllevan una pena mayor.

El bien jurídico protegido

El bien jurídico protegido por este tipo penal es la libertad e indemnidad sexual. No obstante, esta figura jurídica va un paso más allá, al pretender salvaguardar no solo la libertad sexual del sujeto pasivo —que se ve vulnerada por quien solicita un favor de esa naturaleza—, sino también la libertad individual de la víctima en otros ámbitos.

Entre ellos destaca el entorno laboral, donde este tipo de conductas puede alterar el ambiente normal que debe existir en el lugar donde la persona desarrolla su trabajo.

Resulta relevante resaltar que el acoso sexual, al constituir un atentado contra la libre decisión de no verse involucrado en una relación sexual no deseada, afecta directamente a la esfera íntima de la persona, cuya protección proclama el Artículo 18.1 de la Constitución.

Asimismo, representa una manifestación de la dignidad humana, principio consagrado en el Artículo 10 del mismo texto constitucional.

Elementos del tipo penal de acoso sexual

Para que estos actos se consideren un delito es necesaria la presencia de los siguientes elementos:

Acción de solicitar favores de naturaleza sexual

En estos casos, alcanza con trasladar esa solicitud a una persona del mismo entorno laboral, docente o de prestación de servicios, con independencia de que ésta sea atendida.

El concepto «solicitar» debe ser entendido como requerir, recabar o pedir y esta solicitud puede ser realizada de forma verbal o por escrito.

Por otra parte, debemos saber que el término «favor» ha de entenderse como prestación de cualquier acto con contenido sexual.

Repercusión que la acción pueda tener en la víctima

En este caso el legislador no exige como elemento esencial del tipo, que se obtenga el favor sexual solicitado, en cuyo caso estaríamos ante otro posible delito sexual como por ejemplo un abuso, sino que con esta norma, se contempla la necesidad de que con la solicitud se coloque al sujeto pasivo en una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante.

Entorno en el que la acción se lleva a cabo

Es este sentido, es necesario que exista una relación entre el sujeto activo y el pasivo, que se produzca en un ámbito laboral, docente o de prestación de servicios.

Además esa relación debe ser habitual o continuada, descartándose las de carácter coyuntural o esporádico, e incluso las de tipo familiar o cualquier otra que no esté descrita en este tipo penal.

Para el tipo básico no es necesario que exista prevalimiento o una relación jerárquica entre los sujetos. (Hablamos por ejemplo de una situación de acoso sexual que se produce entre dos compañeros de trabajo)

El dolo como elemento subjetivo

Luego, desde un punto de vista subjetivo, el elemento exigido es el del dolo, ya que el sujeto activo tiene que actuar con conciencia y voluntad tanto en el comportamiento que lleva a cabo como en la situación en la que coloca a la víctima, aunque no la busque expresamente.

Esto implica que en este tipo penal, no cabe la modalidad imprudente.

Penas y consecuencias legales del acoso sexual

El tipo básico con lleva la aplicación de una pena de prisión de 6 a 12 meses o multa de 10 a 15 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o actividad de 12 a 15 meses.

Tipos agravados: Penas aún mayores ante determinadas circunstancias

En los incisos 2 a 4 del mismo artículo del Código Penal, encontramos una serie de supuestos agravados en base a:

■ Existencia de prevalimiento

Que exista prevalimiento originado por una “situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o sobre persona sujeta a su guarda o custodia, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquella pueda tener en el ámbito de la indicada relación”

Lo que caracteriza a este subtipo agravado es que la conducta se realice por un superior jerárquico o funcional, debiendo existir, por tanto, una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica y un aprovechamiento de la misma.

Hablamos por ejemplo de una situación de acoso sexual que se produce entre un jefe y un empleado subordinado a este en el trabajo, siendo el jefe el sujeto activo de este delito.

Y en cuanto al anuncio de un mal, expresa o tácitamente, a la víctima relacionado con sus legítimas expectativas en el ámbito de esa relación, este debe ser real y el destinatario del mismo debe ser exclusivamente la víctima y no un tercero.

Corresponde a este supuesto, la pena de prisión de 1 a 2 años e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o actividad de 18 a 24 meses.

■ Por el lugar donde se produce el hecho

Que el delito se hubiera cometido en un centro de protección o reforma de menores, centro de internamiento de personas extranjeras, o cualquier otro centro de detención, custodia o acogida.

En este caso se aplican las mismas penas establecidas para el anterior, excepto cuando el autor sea funcionario de dicho centro o institución, en cuyo caso será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años y con inhabilitación absoluta por un período de 6 a 12 años (Artículo 443.2 CP)

■ Víctima especialmente vulnerable

Que la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o discapacidad, lo que conlleva la aplicación de la pena en su mitad superior.

Es importante saber, que el autor debe conocer y aprovecharse de esta situación presentada por la víctima.

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