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Las Personas Criminalmente Responsables de los Delitos

La Autoría, La Participación y La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

Las Personas Criminalmente Responsables de los Delitos

 

Las Personas Criminalmente Responsables de los Delitos


 

Este Título del Código Penal nos habla sobre las personas criminalmente responsables de los delitos, estableciendo el concepto y funcionamiento de la figura del autor y el cómplice, e incorporando al ordenamiento jurídico español desde la Reforma del Código Penal practicada en el año 2010, la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Está última ha sido protagonista también de la Reforma del Código Penal del año 2015, que introdujo fundamentalmente la modificación del Artículo 31 bis, ya que el resto de preceptos mantiene su redacción original, con leves modificaciones.

 

La Autoría y La Participación

¿Por qué es importante diferenciar estas figuras?


 

Como veremos a continuación, conceptualmente vamos a distinguir entre autor y partícipe, aunque luego el Legislador equipare en ciertos casos ambas figuras, lo que si bien jurídicamente funcionará así, no quita que tengan rasgos distintivos y que no estemos hablando de lo mismo, ya que la participación puede asimilarse a la autoría a efectos de la pena, pero eso no modifica su condición conceptual distinta de esta. Debemos adelantar que en cualquier caso, no puede haber participación sin autoría, revistiendo esta entonces un carácter accesorio.

La importancia de distinguir estas “categorías”, también encuentra sentido y relación al asociarse más adelante en el propio Código, a unas penas determinadas de acuerdo a su naturaleza. (Artículo 61 y siguientes).

El Artículo 27 abre este apartado diciendo que “Son responsables criminalmente de los delitos y faltas los autores y los cómplices.” a lo que es relevante recordar que el encubrimiento ha dejado de ser una forma genérica de participación en el delito para convertirse en un delito autónomo.

 

La Autoría

En el Artículo 28 el texto punitivo define lo que la ley considera como “autor” de un hecho delictivo, comenzando por aclarar que se refiere a quienes realicen el hecho por sí solos (realizando la acción típica), conjuntamente (coautores) o por medio de otro del que se sirven como instrumento (autores mediatos).

En todos los casos que estudiemos en este Título, destinado a las personas criminalmente responsables de los delitos, vemos que el Legislador busca individualizar y castigar a quien tiene “dominio” del delito. La Ley persigue al autor directo que actúa de forma inmediata y realiza el hecho por sí mismo, pero también castiga al que lo hace por medio de otro al que utiliza como instrumento (autor mediato), considerándolo el verdadero autor del mismo, por tener ese mencionado dominio, siendo este sujeto el que realiza un hecho penalmente relevante y no su “instrumento”.

 

La Coautoría

 

Entiende el Legislador como Coautoría, el realizar el hecho conjuntamente con otros, de forma consciente y voluntaria. Por tanto esta figura existe cuando varias personas de común acuerdo toman parte en la fase ejecutiva de la realización del tipo, e implica que cada uno de los concertados para ejecutar el hecho, colabora con alguna aportación objetiva y causal, eficazmente dirigida a la consecución del fin conjunto. La doctrina admite excepciones a la necesidad de que la colaboración sea ejecutiva, cuando la aportación del sujeto sea de una gran transcendencia. (Por ejemplo el caso del Jefe de una Banda, que si bien no realice actos ejecutivos en unos hechos, sea comprendido en la figura porque su función es importante y finalmente los hace posibles).

 

Las Personas Criminalmente Responsables de los Delitos

Sobre Las Personas Criminalmente Responsables de los Delitos

 

La Participación

Hasta aquí nos hemos centrado en la autoría, pero como podemos observar, en el mismo Artículo se contempla por una parte la figura del Inductor y del Cooperador Necesario, equiparadas a la del autor, en cuanto participan del delito o colaboran en su ejecución con actos imprescindibles, lo que los convierte también en sujetos activos del mismo. Estos últimos sin ser autores propiamente dichos, son tratados como tales por la forma en la que participan del hecho, lo que hace que se observe la diferencia que a pesar de ello hace la doctrina entre autor y partícipe, donde este último se caracteriza porque no tiene ese “dominio” del hecho al que venimos refiriéndonos. Finalmente veremos también que la norma recoge a la Complicidad, dentro de las formas de participación.

Como hemos apuntado antes, la participación existe siempre que exista la autoría, por lo que sin la acción dolosa de un autor no sería posible condenar nunca a un partícipe, siendo también necesario dicho elemento (El Dolo), en la conducta de éste último.

Siguiendo dentro del mismo Artículo 28, la norma nos presenta entonces dos formas de participación, que son la Inducción y la Cooperación Necesaria.

 

La Inducción

 

La Inducción, es una forma de participación, equiparada a la autoría por el Legislador, que consiste en suscitar en otro, dolosamente, la resolución de cometer el acto punible, siendo esta una forma de participación en un delito ajeno, ya que la autoría y el dominio pertenecen a quien es inducido. La acción de inducir debe presentar una relación causal con la posterior conducta del inducido, y ostentar la importancia necesaria como para hacer posible esta última. El que es inducido mantiene en todo momento su voluntad, y es quien finalmente será el autor, ya que de otra forma no estaríamos ante una Inducción sino ante una Autoría Mediata.

 

La Cooperación Necesaria

 

La Cooperación Necesaria, es otra forma de participación, equiparada a la autoría por el Legislador, que consiste en una aportación en el hecho delictivo de un carácter muy importante, pero sin llegar a tener lo que como venimos apuntando, la doctrina denomina “dominio del hecho”. Esa cooperación ha de ser relevante en cuanto a su capacidad de hacer posible el delito, y tener relación causal con este.

 

La Complicidad

 

Como hemos observado en el primer Artículo de este Título del Código, el Legislador considera criminalmente responsables del delito, no solo a los autores, sino también a los cómplices.

El texto punitivo, nos dice en su Artículo 29 que considera cómplices a quien o quienes no hallándose comprendidos en el Artículo 28 de mismo Código, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos a este.

Hemos adelantando al iniciar este apartado, que la Complicidad es también una forma de participación en el delito, por lo que el cómplice sin ser autor, responderá criminalmente de acuerdo a la Ley como tal. Su participación ostenta una menor entidad material y por ello la pena prevista por la norma, también lo será.

La Ley entiende y configura la complicidad “negativamente”, como la realización de actos anteriores o simultáneos al hecho delictivo, que contribuyan al mismo y que no puedan ser catalogados como autoría, inducción o cooperación necesaria. En cualquier caso la complicidad aunque tenga menor entidad, debe ser dolosa, y presentar una relación causal en su participación en los hechos perpetrados por el autor.

Esta figura va a contemplar tanto casos de acción como de omisión, por lo que podemos encontrar el caso de alguien que asesora al autor, a quién le apoya moralmente, o a quien omite realizar una determinada conducta que contribuye a la realización del hecho delictivo.

 

La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas


 

Si bien forma parte del mismo Título, como ya tratamos en este espacio el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, dada su entidad, incluimos a continuación el enlace al artículo en el que hemos desarrollado el mismo. Ver: “La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”

 

CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

LIBRO I – DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS, LAS PERSONAS RESPONSABLES, LAS PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DEMÁS CONSECUENCIAS DE LA INFRACCIÓN PENAL

TÍTULO II – De las personas criminalmente responsables de los delitos


 

Artículo 27

 
Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices.
 

Artículo 28

 
Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento.

También serán considerados autores:

a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.
b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.
 

Artículo 29

 
Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.
 

Artículo 30

 
1. En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos no responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren favorecido personal o realmente.

2. Los autores a los que se refiere el artículo 28 responderán de forma escalonada, excluyente y subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden:

1.º Los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo.

2.º Los directores de la publicación o programa en que se difunda.

3.º Los directores de la empresa editora, emisora o difusora.

4.º Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.

3. Cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de España, no pueda perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en alguno de los números del apartado anterior, se dirigirá el procedimiento contra las mencionadas en el número inmediatamente posterior.
 

Artículo 31

 
El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.
 

Artículo 31 bis

 
1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:

1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;

2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y

4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª
En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.

3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo.

5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.

2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.
 

Artículo 31 ter

 
1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.

2. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo siguiente.
 

Artículo 31 quater

 
Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:

a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.

b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.

c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.

d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.
 

Artículo 31 quinquies

 
1. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.

2. En el caso de las Sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, solamente les podrán ser impuestas las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33. Esta limitación no será aplicable cuando el juez o tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.