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De las personas a quienes corresponde el ejercicio de las acciones que nacen de los delitos y faltas

De las personas a quienes corresponde el ejercicio de las acciones que nacen de los delitos y faltas

 

Ejercicio de la acción penal

y de las acciones de carácter civil derivadas de esta


 

El Título IV del Código Penal nos habla de las personas a quienes corresponde el ejercicio de la acción penal, y de las acciones de carácter civil derivadas de esta.

El ejercicio de la acción penal es de naturaleza pública, por lo que todos los ciudadanos se encuentran en disposición de ejercerla, no siendo una atribución exclusiva del Ministerio Fiscal. Sin embargo tal ejercicio se encuentra condicionado a las limitaciones que prescribe la ley.

Así encontramos en nuestra normativa dos figuras por las que se pone en práctica este derecho, que son la acusación particular y la acusación popular.

Estas acciones no son obligatorias para quien las ejerce, mientras que si existe la obligación del Ministerio Fiscal de ejercer la acción penal en todo caso en el que le conste la existencia de un eventual delito, excepto en los casos de delitos de naturaleza privada.

 

La Acción Popular y la Acción Particular


 

La Acción Popular se caracteriza porque permite ser parte en un proceso careciendo del carácter de perjudicado, siendo posible iniciarlo o personarse en el mismo una vez que este ha comenzado. Esta forma de llevar adelante el ejercicio de las acciones penales tiene su fundamento en el principio de participación democrática de los ciudadanos en la administración de justicia.

En el Artículo 102 de la LECrim se determinan las personas que no pueden llevar a cabo el ejercicio de las acciones penales, y en dicho precepto encontramos uno de los fundamentos en nuestro ordenamiento de la denominada Acusación Particular y una de sus diferencias jurídicas con la Acusación Popular, ya que a pesar de lo expuesto, la norma faculta a ejercer la acción a aquellos que aun estando inhabilitados por los motivos previstos, se vean perjudicados por un delito o una falta (delito leve), cometidos contra sus personas o bienes.

 

¿Qué más dice la LECrim sobre el ejercicio de la acción penal?


 

La normal procesal prevé igualmente supuestos donde excluye también del ejercicio de las acciones penales en determinadas circunstancias a los cónyuges y ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza, por adopción o por afinidad, entre otros…

Sobre el ofrecimiento de acciones, debemos saber que en el momento procesal oportuno, estas deberán instruirse por parte del Juzgado, tanto a los perjudicados como a los ofendidos, haciéndoles saber sobre la posibilidad concreta de participar en el proceso, para que estos puedan ejercer oportunamente las acciones penales o civiles.

La norma prevé también el funcionamiento del procedimiento en el caso de la existencia de pluralidad de víctimas, en el caso de muerte o desaparición de la víctima a consecuencia del delito y la participación de las asociaciones de víctimas.

 

Sobre la Renuncia a la Acción Penal


 

Sobre le renuncia de la persona ofendida, es muy importante conocer que la acción penal por delito o falta (delito leve) que dé lugar al procedimiento de oficio, no se extingue a pesar de su renuncia, pero si lo hará en el caso de las que nacen de delito o falta (delito leve) que no puedan ser perseguidos sino a instancia de parte, y las civiles, cualquiera que sea el delito o falta del que procedan.

 

ejercicio de la acción penal

Ejercicio de la acción penal

 

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

LIBRO I – DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO IV – De las personas a quienes corresponde el ejercicio de las acciones que nacen de los delitos y faltas


 

Artículo 100

 
De todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer también acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible.
 

Artículo 101

 
La acción penal es pública.

Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley.
 

Artículo 102

 
Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, no podrán ejercitar la acción penal:

1.º El que no goce de la plenitud de los derechos civiles.

2.º El que hubiera sido condenado dos veces por sentencia firme como reo del delito de denuncia o querella calumniosas.

3.º El Juez o Magistrado.

Los comprendidos en los números anteriores podrán, sin embargo, ejercitar la acción penal por delito o falta cometidos contra sus personas o bienes o contra las personas o bienes de sus cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos consanguíneos o uterinos y afines.

Los comprendidos en los números 2.º y 3.º podrán ejercitar también la acción penal por el delito o falta cometidos contra las personas o bienes de los que estuviesen bajo su guarda legal.
 

Artículo 103

 
Tampoco podrán ejercitar acciones penales entre sí:

1.º Los cónyuges, a no ser por delito o falta cometidos por el uno contra la persona del otro o la de sus hijos, y por el delito de bigamia.

2.º Los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza, por la adopción o por afinidad, a no ser por delito o falta cometidos por los unos contra las personas de los otros.
 

Artículo 104

 
Las acciones penales que nacen de los delitos de estupro, calumnia e injuria tampoco podrán ser ejercitadas por otras personas ni en manera distinta que las prescritas en los respectivos artículos del Código Penal.

Las faltas consistentes en el anuncio por medio de la imprenta de hechos falsos o relativos a la vida privada, con el que se perjudique u ofenda a particulares, y en injurias leves sólo podrán ser perseguidas por los ofendidos o por sus legítimos representantes.
 

Artículo 105

 
1. Los funcionarios del Ministerio Fiscal tendrán la obligación de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de la Ley, todas las acciones penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular en las causas, menos aquellas que el Código Penal reserva exclusivamente a la querella privada.

2. En los delitos perseguibles a instancias de la persona agraviada también podrá denunciar el Ministerio Fiscal si aquélla fuere menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o desvalida.

La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de diligencias a prevención.
 

Artículo 106

 
La acción penal por delito o falta que dé lugar al procedimiento de oficio no se extingue por la renuncia de la persona ofendida.

Pero se extinguen por esta causa las que nacen de delito o falta que no puedan ser perseguidos sino a instancia de parte, y las civiles, cualquiera que sea el delito o falta de que procedan.
 

Artículo 107

 
La renuncia de la acción civil o de la penal renunciable no perjudicará más que al renunciante; pudiendo continuar el ejercicio de la penal en el estado en que se halle la causa, o ejercitarla nuevamente los demás a quienes también correspondiere.
 

Artículo 108

 
La acción civil ha de entablarse juntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en el proceso acusador particular; pero si el ofendido renunciare expresamente su derecho de restitución, reparación o indemnización, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables.
 

Artículo 109

 
En el acto de recibirse declaración por el Juez al ofendido que tuviese la capacidad legal necesaria, el Secretario judicial le instruirá del derecho que le asiste para mostrarse parte en el proceso y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punible.

Asimismo le informará de los derechos recogidos en la legislación vigente, pudiendo delegar esta función en personal especializado en la asistencia a víctimas.

Si fuera menor o tuviera la capacidad judicialmente modificada, se practicará igual diligencia con su representante legal o la persona que le asista.

Fuera de los casos previstos en los dos párrafos anteriores, no se hará a los interesados en las acciones civiles o penales notificación alguna que prolongue o detenga el curso de la causa, lo cual no obsta para que el Secretario judicial procure instruir de aquel derecho al ofendido ausente.

En cualquier caso, en los procesos que se sigan por delitos comprendidos en el artículo 57 del Código Penal, el Secretario judicial asegurará la comunicación a la víctima de los actos procesales que puedan afectar a su seguridad.

El perjudicado en el proceso penal no puede ejercitar la acción civil para la reparación del daño causado sino hasta que se hayan terminado las actuaciones penales.

Es importante saber que no presentarse como acusación no implica en modo alguno la renuncia a ejercitar la acción civil y que la decisión sobre esta última se entiende dentro del proceso penal salvo que el interesado haga reserva expresa de su intención de ejercer la acción en el propio fuero civil, finalizado el proceso penal.
 

Artículo 109 bis

 
1. Las víctimas del delito que no hubieran renunciado a su derecho podrán ejercer la acción penal en cualquier momento antes del trámite de calificación del delito, si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación.

En el caso de muerte o desaparición de la víctima a consecuencia del delito, la acción penal podrá ser ejercida por su cónyuge no separado legalmente o de hecho y por los hijos de ésta o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ellos; por la persona que hasta el momento de la muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga relación de afectividad y por los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ella; por sus progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda, personas sujetas a su tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar.

En caso de no existir los anteriores, podrá ser ejercida por los demás parientes en línea recta y por sus hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representación legal de la víctima.

2. El ejercicio de la acción penal por alguna de las personas legitimadas conforme a este artículo no impide su ejercicio posterior por cualquier otro de los legitimados. Cuando exista una pluralidad de víctimas, todas ellas podrán personarse independientemente con su propia representación.

Sin embargo, en estos casos, cuando pueda verse afectado el buen orden del proceso o el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, el Juez o Tribunal, en resolución motivada y tras oír a todas las partes, podrá imponer que se agrupen en una o varias representaciones y que sean dirigidos por la misma o varias defensas, en razón de sus respectivos intereses.

3. La acción penal también podrá ser ejercitada por las asociaciones de víctimas y por las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas, siempre que ello fuera autorizado por la víctima del delito.

Cuando el delito o falta cometida tenga por finalidad impedir u obstaculizar a los miembros de las corporaciones locales el ejercicio de sus funciones públicas, podrá también personarse en la causa la Administración local en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho punible.
 

Artículo 110

 
Los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito y ejercitar las acciones civiles que procedan, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones.

Aun cuando los perjudicados no se muestren parte en la causa, no por esto se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización que a su favor puede acordarse en sentencia firme, siendo necesario que la renuncia de este derecho se haga en su caso de una manera clara y terminante.
 

Artículo 111

 
Las acciones que nacen de un delito o falta podrán ejercitarse junta o separadamente; pero mientras estuviese pendiente la acción penal no se ejercitará la civil con separación hasta que aquélla haya sido resuelta en sentencia firme, salvo siempre lo dispuesto en los arts. 4.º, 5.º y 6.º de este Código.
 

Artículo 112

 
Ejercitada sólo la acción penal, se entenderá utilizada también la civil, a no ser que el dañado o perjudicado la renunciase o la reservase expresamente para ejercitarla después de terminado el juicio criminal, si a ello hubiere lugar.

Si se ejercitase sólo la civil que nace de un delito de los que no pueden perseguirse sino en virtud de querella particular, se considerará extinguida desde luego la acción penal.
 

Artículo 113

 
Podrán ejercitarse expresamente las dos acciones por una misma persona o por varias; pero siempre que sean dos o más las personas por quienes se utilicen las acciones derivadas de un delito o falta lo verificarán en un solo proceso y, si fuere posible, bajo una misma dirección y representación, a juicio del Tribunal.
 

Artículo 114

 
Promovido juicio criminal en averiguación de un delito o falta, no podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho; suspendiéndole si le hubiese, en el estado en que se hallare, hasta que recaiga sentencia firme en la causa criminal.

No será necesario para el ejercicio de la acción penal que haya precedido el de la civil originada del mismo delito o falta.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el capítulo II, título I de este libro, respecto a las cuestiones prejudiciales.
 

Artículo 115

 
La acción penal se extingue por la muerte del culpable; pero en este caso subsiste la civil contra sus herederos y causahabientes, que sólo podrá ejercitarse ante la jurisdicción y por la vía de lo civil.
 

Artículo 116

 
La extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil, a no ser que la extinción proceda de haberse declarado por sentencia firme que no existió el hecho de que la civil hubiese podido nacer.

En los demás casos, la persona a quien corresponda la acción civil podrá ejercitarla, ante la jurisdicción y por la vía de lo civil que proceda, contra quien estuviere obligado a la restitución de la cosa, reparación del daño o indemnización del perjuicio sufrido.
 

Artículo 117

 
La extinción de la acción civil tampoco lleva consigo la de la penal que nazca del mismo delito o falta.

La sentencia firme absolutoria dictada en el pleito promovido por el ejercicio de la acción civil, no será obstáculo para el ejercicio de la acción penal correspondiente.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo que establece el capítulo II del título I de este libro y los artículos 106, 107, 110 y párrafo segundo del 112.