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El Delito de Tortura del Artículo 174 del Código Penal

El Delito de Tortura del Artículo 174 del Código Penal

El Delito de Tortura del Artículo 174 del Código Penal


 

El tipo básico del delito de tortura se encuentra recogido en el Título VII del texto punitivo, dedicado a las torturas y otros delitos contra la integridad moral.

Este precepto persigue a la autoridad o funcionario, que va más allá de los límites dentro de los cuales se encuentra legitimado en el ejercicio de sus funciones, al realizar hechos como por ejemplo los siguientes:

– Autoridad policial que incurriendo en un claro abuso de poder, amenaza a un detenido para obtener una confesión en el marco de una investigación policial

– Funcionario/a de Instituciones Penitenciarias que aplica un castigo físico a un preso, como consecuencia de un hecho que este ha cometido o se sospeche que ha cometido

 

Elementos del Delito de Tortura


 

La aplicación de las penas previstas para el delito de tortura, requiere de la existencia de los siguientes elementos:

– Que quién incurra en el delito de tortura, sea autoridad o funcionario público, como por ejemplo un Policía o un Funcionario de Instituciones Penitenciarias
– Que los hechos se encuadren en el concepto de torturas, como por ejemplo “sufrimientos físicos o mentales”
– Que el delito persiga uno de los fines contenidos en la norma, como por ejemplo “el fin de obtener una confesión”

 

delito de tortura

Sobre el Delito de Tortura – Artículo 174 del Código Penal


 

CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

LIBRO II – DELITOS Y SUS PENAS

TÍTULO VII – De las torturas y otros delitos contra la integridad moral


 

Artículo 174

 
1. Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral.

El culpable de tortura será castigado con la pena de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres años si no lo es.

Además de las penas señaladas se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación absoluta de ocho a 12 años.

2. En las mismas penas incurrirán, respectivamente, la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometiere, respecto de detenidos, internos o presos, los actos a que se refiere el apartado anterior.