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Concepto de Autoridad, Funcionario Público, Discapacidad y Documento a Efectos Penales

Concepto de Autoridad, Funcionario Público, Discapacidad y Documento a Efectos Penales

 

Concepto de Autoridad, Funcionario Público, Discapacidad y Documento a efectos Penales


 

En sus Artículos 24, 25 y 26 el Código Penal realiza una serie de disposiciones de carácter general, dirigidas a establecer y clarificar a efectos penales, el concepto de Autoridad, Funcionario Público, Discapacidad y Documento.

Como es posible observar en otros aspectos del texto punitivo, en determinados casos estas disposiciones generales hacen posible interpretar y por tanto aplicar adecuadamente, las normas en las que se ven involucrados los conceptos señalados.

 

Concepto de Autoridad y Funcionario Público a Efectos Penales

 

A lo largo de los distintos preceptos del Código Penal, encontraremos disposiciones en las que la ley castiga a los autores de ciertos delitos, con penas específicas dirigidas a sujetos que ostentan la condición de autoridad o de funcionario público, y por otra parte encontraremos también artículos donde no sean tratados por la norma como autores, sino por el contrario, como sujetos pasivos del delito.

Es por esto que el Legislador consideró la necesidad de definir estos conceptos a efectos penales, los cuales se interpretan de una forma más amplia, que la prevista en la legislación y en los órdenes jurisdiccionales administrativo y social.

A pesar de que en el Artículo 24 vemos que se realiza una distinción entre lo que la ley entiende por Autoridad y por Funcionario Público, luego encontramos tipos penales en los que da un tratamiento similar a ambas figuras, equiparándolas, por lo que ciertos juristas consideran que dicha distinción carece de sentido jurídico. Es relevante mencionar que cuando la norma se refiere a una autoridad específica, suele referirse a ella expresamente, por lo que esta disposición no llega a ser determinante en este aspecto, considerándose incluso redundante.

 

Sobre el Concepto de Discapacidad y de Personas con Discapacidad necesitadas de una especial protección

 

La Reforma del Código Penal practicada como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, supuso un cambio normativo importante, al adecuar los artículos del Código Penal a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Hasta el momento, el texto punitivo se refería a estas figuras empleando los términos de “minusvalía o de “incapacidad”, los cuales son sustituidos por términos más adecuados como son el de “discapacidad” y el de “persona con discapacidad necesitada de una especial protección”.

 Concepto de Autoridad, Funcionario Público, Discapacidad y Documento

Concepto de Autoridad, Funcionario Público, Discapacidad y Documento

 

¿Qué se considera Documento según el Código Penal y la Jurisprudencia?

 

El Artículo 26 comienza estableciendo de manera amplia, que se considerará documento a todo soporte material que exprese o incorpore datos, para inmediatamente después poner límite a este concepto, al determinar la necesidad de que dicho soporte tenga relevancia jurídica, por ejemplo a efectos de prueba.

La STS 5850/2002 entiende como elementos propios de un documento en este sentido a los siguientes:

“…En la actualidad, el concepto de documento viene definido por la jurisprudencia de esta Sala que en reiterada serie de sentencias viene estimando que el concepto ya legal ( art. 26 del Código Penal 1995), se integra por las notas siguientes: que se trate de un documento en sentido estricto, entendiendo por tal el escrito, en sentido tradicional, o aquella otra cosa que, sin serlo, pueda asimilarse al mismo, por ejemplo, un diskette, un documento de ordenador, un vídeo, una película, etc., con un criterio moderno de interacción de las nuevas realidades tecnológicas, en el sentido en que la palabra documento figura en algunos diccionarios como <> (obsérvese que se trata de una interpretación ajustada a la realidad sociológica, puesto que, al no haber sido objeto de interpretación contextual y auténtica, puede el aplicador del derecho tener en cuenta la evolución social), siempre que el llamado “documento” tenga un soporte material, que es lo que sin duda exige la norma penal. (Por todas, SS.TS. 1.114/94, de 3 de junio,  1.763/1994, de 11 de octubre y 711/1996, de 19 de octubre y 22 abril 1998). En la actualidad dicha fórmula jurisprudencial tiene adecuada correspondencia en la norma contenida en el artículo 26 del nuevo Código penal, según el cual <>. Con arreglo a la nueva fórmula legal, la interpretación literal del artículo 26 del Código penal de 1995 resulta insatisfactoria, y por ello, se impone hallar otra. Así, puede concluirse que documento a efectos penales es el resultado de combinar un soporte material y datos, hechos o narraciones; caracterizándose aquélla por las notas siguientes:

a) En primer término, el documento, al ser una materialización, debe de constar en un soporte indeleble. Por ello, se suele considerar el documento escrito como el documento por antonomasia. Ahora bien, hoy no se ven razones que impidan conferir tal condición a documentos diversos del documento escrito: la referencia a la legislación civil ( arts. 1.216 ss. CC y 596 LEC) se puede explicar históricamente (el modelo francés), pero parece insuficiente. De ahí que, siguiendo las brechas abiertas por la doctrina y la jurisprudencia, el artículo 26 cierre una polémica en el sentido más correcto. Por lo tanto, si el documento tiene que constituirse mediante una declaración humana de forma razonablemente perdurable, pues de lo contrario no podría entrar en el tráfico jurídico y su finalidad probatoria no llegaría a conseguirse, no se ve obstáculo para reservar sólo al papel la posibilidad de ser soporte físico de la corporeización de dicha declaración. Cualquier otro soporte de idéntica vocación indeleble puede ser susceptible de considerarse documento y, por tanto, ser susceptible de falsificación; así, una grabación en vídeo o cinematográfica o sonora (disco o cinta magnetofónica). Lo que sucederá es que algunos de estos soportes, en ocasiones, pueden ser poco fiables; su susceptibilidad de manipulación, sin que se advierta la misma, puede ser grande. Ahora bien, si en el caso concreto esa posibilidad no se ha podido dar, no existe obstáculo para admitir un documento así materializado. Hoy día, empero, la pretendida fiabilidad del papel
ha desaparecido y todos los documentos son igualmente vulnerables, por lo que ese pretendido requisito no puede ser conditio sine qua non para dejar de admitir lo que es de uso común en el tráfico jurídico.

b) Otra nota es que tenga procedencia humana. Se trata de que el contenido del documento resulte atribuible a una persona. En principio, es indiferente si se trata de una manifestación de voluntad (un testamento, por ejemplo) o una declaración de conocimiento (un acta de una sesión del Consejo de Administración, un certificado médico…), mientras su autor sea un ser humano. Ello tendrá como consecuencia necesaria que haya que establecer un autor determinado o, cuando menos, determinable. El autor de la declaración -no de los intervinientes o afectados, pues éstos quedan incluidos o referidos en el contenido del documento- ha de ser determinable, sin más problemas que los derivados de la comprensión ordinaria, aunque sea necesario el auxilio de medios técnicos de público acceso. Queda así, de entrada, excluido el documento anónimo; es decir, el que no se puede atribuir con seguridad a nadie por no constar expresamente su autor. Sin embargo, dado que el autor es determinable y no determinado, no será anónimo el documento cuando de éste pueda derivarse cuál es el autor; pero la deducción ha de serlo por el sentido, no por mediar
mecanismos diversos (prueba grafológica, huellas dactilares…) de acceso no generalizado ni generalizable. El artículo 26 alude a datos, hechos o narraciones. El dato, el hecho o la narración deben reconducirse a su procedencia humana. Lo contrario sería equiparar una narración que, evidentemente, sólo puede proceder de un ser humano, a datos o hechos que pueden ser, teóricamente al menos, porciones inermes de realidad.

c) También el contenido de la declaración debe ser comprensible de acuerdo a los usos sociales, es decir, significativa en sí misma. Así, un documento extranjero, que surta efectos en España, es documento y su falsedad punible, pues sólo es necesaria, en ocasiones, su traducción; en cambio, un escrito en clave, encriptado, no es un documento a estos efectos, pues se pretende con su confección todo lo contrario; que no signifique nada para quien no esté en posesión de la correspondiente clave; es más; no se desea su ingreso en el tráfico jurídico. Además, se ha de actualizar la nota de la significación. Análogamente a lo que sucede con determinadas abreviaturas convencionales -claves en cuya posesión están todos- o a los documentos extranjeros -para entenderlo habrá que o estudiar esos idiomas o acudir a un traductor- habrá que colegir que son documentos todas aquellas declaraciones de voluntad o de conocimiento que se confeccionen por procedimientos electrónicos o lógicos y que para su entendimiento y/o transmisión y/o transformación son necesarios instrumentos o medios que también están a disposición de cualquiera: ordenadores, modems, faxes…

d) También se requiere la entrada en el tráfico jurídico. Si el documento no entra (o no está concebido para entrar: documento encriptado) o, aun entrando, le faltan características esenciales (procedencia humana, autor determinable) o no significa nada (sopa de letras) y no estaremos ante un documento en el sentido de objeto de protección jurídico-penal. Ello no impide que cualquier objeto pueda integrarse en otro documento, formando así un complejo, cuya alteración entonces sí será la de un documento. e) Por último, el documento válido es el documento original y no tienen tal carácter las copias ni fotocopias…”

 

CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

LIBRO I – DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS, LAS PERSONAS RESPONSABLES, LAS PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DEMÁS CONSECUENCIAS DE LA INFRACCIÓN PENAL

TÍTULO I – De la Infracción Penal

CAPÍTULO VI – Disposiciones Generales


 

Artículo 24

 
1. A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo. Se reputará también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal.

2. Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.
 

Artículo 25

 
A los efectos de este Código se entiende por discapacidad aquella situación en que se encuentra una persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras, puedan limitar o impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Asimismo a los efectos de este Código, se entenderá por persona con discapacidad necesitada de especial protección a aquella persona con discapacidad que, tenga o no judicialmente modificada su capacidad de obrar, requiera de asistencia o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y para la toma de decisiones respecto de su persona, de sus derechos o intereses a causa de sus deficiencias intelectuales o mentales de carácter permanente.
 

Artículo 26

 
A los efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica.